Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Jurisdiccional, Titular
EXTRACTO= Este tribunal ha sostenido en forma reiterada conociendo de asuntos como el presente, y
se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, que el artículo 2 del Código del
Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de
amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el
cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que
corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo, y en cuya virtud,
especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho Servicio se encuentre frente a
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea cuando con su actividad de fiscalización se
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas.
En el actual caso, al contrario de lo expuesto precedentemente, la Inspección del Trabajo, a través de la
Resolución singularizada, procedió a calificar la naturaleza de la prestación de servicios que realizaban
cinco personas al momento de efectuarse la fiscalización materia de estos autos, estimando que en este
caso se debía escriturar contrato de trabajo de tres de ellas por existir vínculo de subordinación y
dependencia, pese a que existía contrato de prestación de servicios y de vendedor a comisiones, que
debía llevar registro de asistencia de otras dos, aún cuando de acuerdo a sus contratos estaban liberadas
de horario, sancionándole además por no entregar comprobante de pago, no declarar las cotizaciones
previsionales y no otorgar tiempo de descanso para colación.
Como puede advertirse de lo expuesto, la recurrida se pronunció a través de la Resolución impugnada
sobre una materia que en el hecho importa una calificación jurídica de las relaciones existentes entre
dichos trabajadores y el recurrente, lo que constituye una cuestión que se encuentra al margen de las
facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el Código de esta especialidad, la que debe ser
resuelta por la judicatura que conoce de estos asuntos.
De lo expresado fluye que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales
competentes en dicha materia, esto es, de los Juzgados del Trabajo. En efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 420 del Código del ramo, corresponde a aquéllos conocer de las cuestiones o
controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o
derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo.
De lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación
ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 4 de la
Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha
sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió en la práctica la función que corresponde a los
tribunales al decidir como lo hizo.
Por lo argumentado anteriormente, el recurso interpuesto en estos autos ha de ser acogido.
Voto Disidente: Con lo relacionado, y de acuerdo con los antecedentes que obran en esta causa, queda
de manifiesto que la recurrida, fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo, ha actuado de
acuerdo con las facultades que le otorgan tanto las normas de los artículos 476 y siguientes del Código
del Trabajo, como la del artículo 1 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1967, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En efecto, la primera de las normas citadas, dispone
expresamente que “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación
corresponde a la Dirección del trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios
administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. Por otra parte, el mencionado artículo 1 letra a)
del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1967, dispone que corresponderá a la Dirección del
Trabajo fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, fijar de oficio o a petición de parte, por medio
de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo como asimismo, realizar toda acción
destinada a prevenir y resolver conflictos laborales.
El recurso de protección materia de estos autos tiene su origen en la aplicación de una multa aplicada al