Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

imprescindible a la operación de toda “la empresa”, sin que haya sido justificada la necesidad de
prescindir de esas labores.
A las indemnizaciones por falta de aviso previo e indemnización por años de servicios cobradas se les
aplicará el tope de 90 unidades de fomento a que se refiere el inciso final del artículo 172 del Código
del Trabajo. Asimismo, el pago de remuneraciones luego del despido no puede exceder de seis meses,
por el mismo motivo el pago de que trata se limitará a tal cantidad de tiempo, como se ha resuelto.
El actor alegó que las sociedades demandadas formaban una sola empresa, lo que fue negado por la
primera demandada principal, aduciendo que no era aplicable la ley 18.045, pues las sociedades de
responsabilidad limitada están regidas por la ley 3.918 y Código de Comercio. Además, si hubiere una
sola empresa, habría un vínculo laboral múltiple con cada una de las sociedades demandadas.
Del análisis de los artículos 3 y 4 del Código del Trabajo, habrá de ser concluido que las demandadas
primera, segunda, tercera y cuarta demandada principal, forman una sola empresa, pues como fue
resuelto por sentencias ejecutoriadas, cuenta con unidad de administración y representantes. Además,
por lo declarado por los testigos del actor, libres de tachas, contestes y que dan razón de sus dichos
cabe concluir que, efectivamente, esas sociedades obran como una sola entidad para la captación de
clientes y ejecución de contratos, bajo una dirección central y compartiendo recursos, en miras de un
objetivo común reflejado en un giro; finalmente conducen a la misma convicción, los certificados de
retención de impuestos al actor emitidos por la primera demandada principal y otra; los certificados de
honorarios por comisiones de venta de la nombrada; manuscrito del representante de las demandadas,
fijando como comisión por la primera demandada principal y la nombrada, un 0,5% del total facturado
por esas sociedades; liquidación de comisiones por ventas de la segunda demandada principal;
documentos otorgados por el representante detallando las comisiones ganadas por el actor; facturas
demostrando operación conjunta de la primera y tercera demandada principal en realización de
contratos; conjunto de cartas enviadas al factoring nombrado, que comprendían los contratos para los
cuales el actor obtenía financiamiento, entre los que figuran el de la tercera demandada principal con la
segunda demandada subsidiaria y el realizado con la nombrada; dos expedientes de presentación
comercial de “la empresa” en los que aparecen todas las sociedades demandadas como una empresa;
certificado de retención tributaria emitido por la segunda demandada principal, de 1994, en beneficio
del actor, firmado por el nombrado, como representante legal y contrato de construcción referido, del
15 de octubre de 1996, en que figura como contratista la tercera demandada principal, igualmente
firmado por ese representante. Todos esos antecedentes, apreciados conforme a las reglas de la sana
crítica y no contrarrestados por las demandadas, que no rindieron pruebe alguna al efecto, lleva a la
conclusión anticipada al inicio de que las demandadas primera, segunda, tercera y cuarta demandada
principal son una sola empresa para efectos laborales y por ende, responden de todas las obligaciones
laborales y previsionales adeudadas al actor.
Conforme a lo razonado en los motivos anteriores, la primera, segunda, tercera y cuarta demandada
principal son responsables del pago de las remuneraciones del demandante devengadas a la fecha de
presentación de la demanda hasta la convalidación del término de contrato, más las comisiones
determinadas en el informe del perito, ascendentes a $32.010.648, con más reajustes e intereses legales.
La obligación de pagar esa comisión deriva del documento manuscrito por el representante de las
demandadas, estableciendo como comisión por la primera demandada principal y la nombrada un 0,5%
del total facturado por esas sociedades, cuya autenticidad reconoció en la confesional rendida en autos,
sin que exista ninguna prueba que contradiga lo expuesto. Por lo previsto en los artículos 9 y 11 del
Código del Trabajo, correspondía al empleador dejar constancia escrita de las modificaciones al
contrato de trabajo, presumiéndose como estipulaciones del mismo aquellas declaradas por el
trabajador, si el empleador no cumplió. En la especie, el documento otorgado por el empleador acredita
la existencia de la comisión y no hay ninguna modificación en el contrato que permita aceptar la
afirmación de la primera demandada principal de que habrían fijado un sueldo de $l.039.583, lo que es
desmentido, además, por el certificado emitido por su encargada de personal, afirmando que la