Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

ciudad, donde se encontraba por largo tiempo abierto un cauce u hoyo que estaba sin tapa, con gran
maleza que lo rodeaba y que tenía una profundidad entre 2 y 3 metros; que por allí cayó el menor
nombrado, lo que implica que la caída ocurrió en una vereda situada en zona urbana.
La acción ejercida en estos autos contra la municipalidad demandada, se fundamenta precisamente en
ese hecho, la caída que sufrió el menor nombrado, de 5 años de edad, quien cuando caminaba con su
padre por acera o vereda adyacente a la avenida mencionada, en el sector de la subida señalada de esta
ciudad, cayó al cauce o alcantarilla, que, como se dijo, se encontraba abierto y sin señalización,
situación que encuadra en la disposición del artículo 174 de la Ley 18.290, sobre Tránsito Público, en
cuyo inciso 5 se expresa: “La municipalidad respectiva o el Fisco, en su caso, serán responsables
civilmente de los daños que se causare con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal
estado de las vías públicas o de su señalización”.
El lugar por el cual transitaba el menor nombrado y en el que sufrió el accidente, era una vereda o vía
pública, destinada precisamente al tránsito peatonal, por lo que, concordando la disposición citada
precedentemente con el artículo 1 de la Ley 18.290, que establece que esta ley se aplica a todas las
personas que como peatones usen o transiten por los caminos, calles y demás vías públicas, rurales o
urbanas, se concluye que el caso por el cual se demanda se encuentra encuadrado en las disposiciones
de la precitada ley.
Habiéndose establecido que la vía por donde transitaba el menor junto a su padre era una vía pública
que se encontraba en mal estado, dado que existían hoyos, profundidades o cauces que estaban sin
tapas y sin protección, y, a mayor abundamiento, sin señalización alguna que advirtiera del peligro a
los transeúntes, usuarios o peatones, se concluye que se reúnen los dos presupuestos que señala la
disposición legal ya citada del artículo 174 inciso 5 de la Ley 18.290: que se produjo un daño, y que
éste fue a consecuencia del mal estado de una vía pública, para dar por establecida la responsabilidad
municipal, y por ello encontrarse obligada a reparar los perjuicios sufridos por las víctimas.
Además, el artículo 38 inciso 2 de la Constitución Política de la República dispone: “Cualquier persona
que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las
Municipalidades, podrá reclamar ante los Tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiese afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Por otra parte, la Ley
18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, establece en el inciso 2 del artículo 1
que: “la Administración del Estado estará constituida, entre otras entidades, por las Municipalidades” y
en el artículo 4 se señala “El estado será responsable por los daños que causen los órganos de la
Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”; y el artículo 42 de la misma ley concluye que “Los
órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio”.
De los antecedentes recopilados, se debe atribuir falta de servicio a la entidad demandada, por cuanto
de los informes periciales, documentos agregados a los autos, fotocopia del expediente criminal
seguido por estos hechos, rol señalado, de Juzgado del Crimen, y de las testimoniales, que rolan en
autos, ha quedado demostrado que el municipio actuó en forma irresponsable al no tomar los
resguardos necesarios, los que de haberse tomado no habría podido ocurrir el hecho que ha originado
este juicio.
En la especie, es evidente que existió falta de previsión, no encontrándose dicha vía en las condiciones
requeridas para su tránsito por ella en forma tranquila y segura, lo que equivale a la “falta de servicio” a
que se refiere el artículo 83 de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades.
A mayor abundamiento, debe considerarse que el artículo 137 de la misma ley dispone que “Las
Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá
principalmente por falta de servicio”, uno de los cuales precisamente es el caso de autos, por referirse
al tránsito público.
La deficiencia municipal señalada precedentemente está en relación de causa a efecto con los daños
sufridos por la persona que demanda, por cuanto las municipalidades están obligadas a comprobar que