Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

contener el fallo decisiones contradictorias y la segunda, en el número 5 del mismo artículo y cuerpo
legal, en relación con el artículo 170 número 6 del Código de Procedimiento Civil y 458 del Código del
Trabajo, pues, a su juicio, se habría omitido la falta de decisión del asunto controvertido.
En conformidad a lo establecido en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de
casación debe interponerse por la parte agraviada. El recurrente no posee tal calidad, porque no apeló
del fallo de primer grado y su adhesión en segunda instancia fue declarada extemporánea, de modo que
el recurso de casación en la forma deducido en autos debe ser declarado inadmisible.
II Corte de Apelaciones: La actora ha solicitado conjuntamente con su demanda de despido
injustificado, que se declare que el despido es jurídicamente ineficaz, se sancione a la demandada con
multa, y se le condene al pago de las remuneraciones correspondientes a todo el tiempo trabajado hasta
el momento en que se convalide el despido, esto es, hasta el pago de las cotizaciones previsionales
adeudadas, ello de conformidad al artículo 162 del Código del Trabajo.
En la especie resulta improcedente la aplicación del artículo 162 del Código del ramo, toda vez que en
la especie el contrato de trabajo cuya existencia entre las partes se ha dado por establecida por el Juez
del primer grado, no ha terminado de conformidad a lo dispuesto en los números 4, 5 o 6 del artículo
159 del Código del Trabajo ni por la aplicación de una o más causales del artículo 160 del citado
cuerpo legal, toda vez que la demandada negó la relación laboral.
Atendido lo razonado precedentemente, no es posible acceder a las prestaciones solicitadas por la
actora fundamentadas en el artículo 162 del Código del Trabajo, como tampoco a la aplicación de
multa, sanción a la que en caso alguno podría accederse, atendido que por expresa disposición legal,
dicha facultad la posee la respectiva Inspección del Trabajo.
El asunto sustancial controvertido entre las partes radica esencialmente, en determinar si efectivamente
estuvieron ligadas por una relación laboral con vínculo de subordinación y dependencia o si por el
contrario, fue un nexo de carácter civil de prestación de servicios a honorarios.
De acuerdo a los principios reguladores de la prueba de las obligaciones y en especial a lo previsto y
dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe pues, a la parte demandada probar los hechos
que sirven de fundamento y sustento a la acción instaurada en autos.
De la simple lectura y examen de los documentos, se infieren inequívocamente los siguientes hechos,
que el Tribunal aprecia y pondera conforme las reglas de la sana crítica:
a) La actora recibía instrucciones y órdenes directas del representante legal de las demandadas.
b) Asimismo, en la pericia decretada por el Tribunal el perito calígrafo ratifica esencialmente las
conclusiones extraídas por el Tribunal en la documental de marras, al determinar en las conclusiones
textualmente: En la declaración de fecha 16 de julio de 1998, signada bajo la letra “G”, el representante
legal de la parte demandada, firmó en la segunda hoja, sobre las menciones impresas que lo
individualizan.
En estas circunstancias, del análisis y ponderación evaluadas de las pruebas rendidas por la parte
demandante, que el Tribunal desde luego aprecia de acuerdo a los principios de la sana crítica, se colige
evidentemente, que la actora prestó servicios permanentes en asesorías de ventas a las demandadas de
autos, con obligación de asistencia y horario y que recibía instrucciones precisas y determinadas del
representante legal de las demandadas como se acreditó fehacientemente en la prueba confesional, lo
que configura y se ajusta a los requisitos establecidos en el articulo 7 del Código del Trabajo, ya que se
prestaron servicios personales, bajo dependencia y subordinación y todos remunerados en la forma
indicada en la demanda, y que, en ausencia de un contrato de trabajo por escrito, deberá darse lugar a la
presunción dispuesta en el inciso cuarto del articulo 9 del Código del Trabajo, en el sentido que la falta
de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el
trabajador.
En estas condiciones se ha acreditado plenamente la existencia de un contrato de trabajo entre las
partes, en forma verbal desde abril de 1994 hasta el 3 de mayo del 2001, fecha esta última en que fue
despedida injustificadamente, percibiendo una remuneración ascendente a $750.000.