Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

autoridad o los tribunales correspondientes, como lo señala en forma expresa este precepto.
En este orden de ideas, atendida precisamente la naturaleza cautelar de la acción promovida y
tratándose de un medio de carácter excepcional con el propósito de reparar en forma rápida, expedita y
eficaz frente a manifiestas violaciones a los derechos constitucionales taxativamente señalados en la
norma supra citada y, no obstante existir sobre la materia procedimiento jurisdiccional, siendo requisito
indispensable de la acción cautelar de protección, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley,
según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho
de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado,
afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta necesaria para el análisis y
la decisión de cualquier recurso como el que se ha deducido, razón suficiente para desestimar la
alegación de la recurrida en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional interpuesta.
Desestimando las alegaciones del recurrente, fundadas en otros antecedentes improcedentes en la
presente acción cautelar, la actuación que el recurrente estima arbitraria e ilegal dictada por la
Inspección Provincial del Trabajo es la Resolución de Multa de 27 de marzo de 2007, cursada por 41
Unidades Tributarias Mensuales, por haber constatado el fiscalizador nombrado “no pagar las
remuneraciones en forma íntegra respecto al trabajador nombrado, por el período febrero de 2007,
habiéndose recibido pago parcial, infringiendo el artículo 55 inciso 1 del Código del Trabajo, en
relación con los artículos 7 y 477 del mismo Estatuto Laboral”.
La Inspección Provincial recurrida, ha sostenido que la aludida actuación no es arbitraria ni ilegal, por
cuanto con fecha 26 de marzo de 2007, el trabajador antes mencionado dedujo denuncia en contra de su
empleador, la empresa recurrente, por acumular más de dos períodos de feriado, por no haber sido
pagadas sus remuneraciones en forma íntegra respecto del período de febrero de igual año, y por
infracciones de higiene y seguridad. En razón de dicha denuncia, con fecha 27 de marzo pasado, el
fiscalizador recurrido concurrió a la empresa, luego del respectivo procedimiento inspectivo, el que
incluyó toma de declaraciones y revisión documental, y teniendo especialmente presente la liquidación
de remuneraciones del denunciante, donde constaba que no se habían pagado todas las asignaciones
remuneracionales y beneficios que correspondían al trabajador, de acuerdo a su contrato de trabajo,
constató que a éste no le habían sido pagadas en forma íntegra sus remuneraciones correspondientes al
mes de febrero de 2007 y, en consecuencia, la empresa había procedido a un pago parcial de las
remuneraciones, lo que el denunciante estampó de su puño y letra al recibir el pago parcial de la
empresa. Agrega que con fecha 25 de abril último, la parte recurrente dedujo reconsideración
administrativa respecto de la Resolución de multa aplicada, adjuntando una carta explicativa de dicha
solicitud señalando, en lo pertinente, que al trabajador se le había puesto término a su contrato de
trabajo con fecha 23.02.07, en razón de su inasistencia injustificada durante los días 19, 22 y 23 del
mismo mes y año, pagándosele con fecha 10.03.07 sus remuneraciones correspondientes al período del
7 al 23 de febrero de 2007, quedando sólo pendiente la ratificación del finiquito del trabajador. Dicha
solicitud de reconsideración se encontraba pendiente de resolución a la fecha del informe 29.05.07.
En este contexto, y atendido el mérito de los antecedentes aportados por las partes, en especial la
liquidación de remuneraciones del mentado trabajador del mes de febrero de 2007, acompañada por el
propio recurrente, agregada, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, fluye que la Resolución
de 27 de marzo de 2007, impugnada por el presente recurso, no es arbitraria ni ilegal, sino que se ha
dictado dentro del ámbito de las facultades legales por la autoridad competente.
En consecuencia, no habiéndose cuestionado directamente las condiciones fácticas que constituyen la
base sobre la cual la Inspección Provincial del Trabajo ejerció debida fiscalización, de acuerdo a su
propia Ley Orgánica, no corresponde en este procedimiento limitar la facultad fiscalizadora de este
organismo en términos de la aplicación de la multa, porque no aparece en forma evidente que se haya
amenazado, privado o perturbado alguna de las garantías establecidas en el artículo 19 número 3 inciso
4, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.
Así las cosas, no es posible por esta vía resolver la pretensión del recurrente, esto es, disponer que el