Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

dependencia para que conozca y decida las reclamaciones y denuncias formuladas por los
contribuyentes, no es posible perder de vista que la jurisdicción es la función principal, característica e
indispensable del Poder Judicial como órgano básico del Estado, puesto que consiste en su potestad de
administrar justicia y que, de conformidad con lo prevenido en los artículos 73 inciso 1, de la
Constitución Política de la República y 1 del Código Orgánico de Tribunales, envuelve la atribución de
“conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, lo que en
buenas cuentas constituye el ejercicio en exclusividad de la jurisdicción contenciosa que se ejerce
cuando existe juicio, contienda o controversia suscitada entre dos o más partes que tienen interés en sus
resultados. Los organismos en los cuales se radica esta función jurisdiccional son los tribunales, tanto
los de fuero común, que conocen de la generalidad de los negocios que se promueven en ese orden y
dentro del territorio de la República, como los de fuero especial, que ejercen jurisdicción en
particulares materias, que es exactamente el caso del Director Regional del Servicio de Impuestos
Internos para conocer y resolver las controversias tributarias, en virtud de lo preceptuado en los
artículos 73 inciso 3 de la Constitución Política de la República, 5 incisos 1 y 4 del Código Orgánico de
Tribunales, 6 letra b), número 6, y 115 inciso 1, del Código Tributario y 19, letra b), de la Ley Orgánica
de dicho Servicio, cuyo texto definitivo se fijó por el Decreto con Fuerza de Ley Número 7, publicado
en el diario oficial de 15 de octubre de 1980.
Entre las características que la doctrina anota respecto de esta función pública y complementaria de la
legislativa, derivada de la soberanía misma, importa destacar, para los efectos del actual debate,
aquellas de ser improrrogable e indelegable, ya que, por su naturaleza de Derecho Público y de orden
público que, como se dijo emana de la soberanía, no es susceptible de prórroga, como sucede con la
competencia relativa, en que las partes pueden entregar el conocimiento de una cuestión a un juez
distinto de aquel que determinan las reglas de la competencia territorial, existiendo identidad de
jerarquía y procedimientos es posible alterar este factor territorial.
Por lo que toca a la delegación, es el acto por el cual se entregan las facultades de que dispone una
institución o persona a un tercero, y en razón de los motivos recién consignados no es posible delegar
la jurisdicción. Tan es así que la Constitución y la ley emplean la voz “exclusivamente”, como lo hace
ver la señora fiscal judicial y todavía el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales ni siquiera
consiente en que un juez se excuse del conocimiento de un negocio a pretexto de que existen otros
tribunales competentes para avocarse al mismo asunto. Lo que sí autoriza la ley es la delegación de
actos aislados de competencia, en especial en lo atinente a trámites de instrucción de índole probatoria
(artículos 7 inciso 2, del Código Orgánico de Tribunales y 71 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil) (José Quezada Meléndez: “Derecho Procesal Civil Chileno, La Jurisdicción”, Ediar Editores
Limitada, Santiago de Chile, páginas 48 y 49).
Examinado el punto en estudio bajo el prisma que se viene desarrollando, resulta que la delegación de
facultades jurisdiccionales que franquea el artículo 116 del Código Tributario, cuya inaplicabilidad se
pretende, constituye una cuestión de esencial incidencia en la decisión del asunto pendiente, de modo
que parece plenamente procedente el análisis relativo a la sujeción de dicha disposición o su
disconformidad con la normativa superior de nuestra carta fundamental; además que ésta no formula
distinciones entre normas sustantivas o adjetivas, por lo que todas ellas quedan comprendidas para
resolver la procedencia del recurso. En tales condiciones y conforme a lo razonado precedentemente,
cabe desestimar la alegación de improcedencia, planteada por el Consejo de Defensa del Estado.
Como el propio recurrente de inaplicabilidad ha dejado fuera de la controversia la naturaleza
jurisdiccional de la función desplegada por los Directores Regionales del Servicio de Impuestos
Internos, cabe centrar el análisis en la delegación que de tales potestades públicas hacen estos
funcionarios en personal de su dependencia, asilándose en los artículos 6, letra b), número 7, y 116 del
Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio y que, en el caso específico de que se trata en
autos, se concretara en la resolución exenta de 19 de noviembre de 1998, publicada en el diario oficial
el 30 de noviembre de 1998, y donde encomienda, al funcionario de su dependencia que en la