Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

dos años para las acciones relacionadas con los honorarios de jueces, abogados, procuradores, médicos
y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y,
en general de los que ejercen cualquier profesión liberal. Tal es, entonces, la que corresponde
considerar para los efectos de la presente demanda.
En seguida, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 2518 del Código Civil, en relación con el
artículo 2503 del mismo cuerpo de leyes, en el sentido que la notificación de una demanda judicial
produce la interrupción de la prescripción, salvo que ella no haya sido practicada en forma legal. En la
especie, la primera notificación de la demanda se realizó con fecha 2 de enero de 2002, y aún cuando la
Ilustrísima Corte de Apelaciones invalidó la sentencia que fue dictada en su oportunidad, dicha
invalidación tuvo como fundamento que la sentenciadora había conocido previamente, en otro proceso,
los hechos sometidos a su decisión, y no se refirió a la falta de legalidad de la notificación respectiva.
En consecuencia, si bien debió notificarse nuevamente la demanda para dar curso progresivo a los
autos cuya sentencia se había invalidado, no es menos cierto que la notificación primitiva, de fecha 2
de enero de 2002, había producido la interrupción de la prescripción conforme a la normativa ya citada.
Del mérito de la demanda se desprende claramente que los honorarios demandados corresponden a los
comprendidos en el período de diciembre 1999 a junio 2000; entonces, habiendo sido requerida a la
parte contra la cual se presenta el 2 de enero de 2002, y habiéndose interrumpido la prescripción con
esa misma fecha, según consta del certificado, debe entenderse que la acción para demandar los
honorarios correspondientes al mes de diciembre de 1999, había efectivamente prescrito.
Sin embargo, respecto de los demás honorarios peticionados, la institución en comento no ha tenido
lugar, toda vez que, conforme dispone el artículo 2514 del Código Civil, el tiempo se cuenta desde que
la obligación se ha hecho exigible, y ello ocurre, precisamente, cuando se ha efectuado la prestación
que da origen a la remuneración correspondiente u honorario pactado.
Determinado lo anterior, debe el tribunal examinar la segunda de las defensas opuestas, relativa a la
inadmisibilidad de la acción.
Al respecto debe tenerse en consideración que, conforme se ha resuelto por la Ilustrísima Corte de
Apelaciones, en fallo de 20 de julio de 2001, de los autos sobre juicio laboral rol individualizado, de
este mismo tribunal, la naturaleza de las gestiones encomendadas al demandante, corresponde
precisamente a la de un mandato civil, en los términos del artículo 2116 del Código Civil,
correspondiente a un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se
hace cargo de ellos, por cuenta y riesgo de la primera; habiéndose producido la aceptación tácita del
mismo, atento lo prescrito en el inciso segundo del artículo 2124, al reducir a escritura pública el acta
que contiene su calidad, mediante el cual se han encomendado efectuar los actos a que se refiere el
artículo 2132, el cual ha terminado por la revocación del mandante, como lo previene el numeral 3 del
artículo 2163.
De lo anterior se colige que, habiendo el alto tribunal determinado la naturaleza jurídica de la relación
existente entre las partes, el actor posee el derecho indudable de accionar por la vía de un juicio civil,
ateniéndose a los márgenes o límites fijados en la sentencia antes indicada, razón que justifica la acción
impetrada y que obsta, en consecuencia, a la falta de admisibilidad pretendida por la demandante, aun
cuando el criterio del demandante se haya expresado previamente por la vía laboral, toda vez que, en
caso alguno resulta procedente privarle de las acciones que la ley le confiere por la única consideración
de que su parte le haya otorgado una naturaleza distinta a la determinada por los Tribunales de Justicia,
máxime si la propia Corte de Apelaciones, en el considerando sexto del fallo analizado, estipula
expresamente la procedencia del reclamo de las remuneraciones u honorarios en los términos
consagrados en el artículo 2117 en relación con el número 3 del artículo 2158, ambas disposiciones del
Código Civil. Ello por cierto no garantiza el destino de su pretensión, pues, incluso en dicho caso,
deberá acreditar, conforme a los medios de prueba legales, la existencia y monto de los honorarios que
reclama.
Así, la acción es absolutamente admisible, sin que tampoco tenga el efecto contrario la mención de