Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

imposiciones y demás garantías legales”.
2. En la parte petitoria del recurso se pide “que los sumarios administrativos incoados mediante
decretos alcaldicios referidos queden sin efectos”, y que se le reintegre a su cargo y se le paguen las
indemnizaciones que señala.
El recurso de protección de garantías constitucionales, como lo ha señalado reiteradamente la
jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, constituye una acción de naturaleza cautelar,
destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma
disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión
arbitraria o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.
El recurrido señala que no basta que la Contraloría, observando el sumario y ordenando retrotraerlo al
estado de continuar la investigación, deba pagar las sumas de dinero correspondientes a los meses que
estuvo suspendido, sino que ello debe reclamarse, derechamente, para obtener ese pago, cuestión de la
que discrepa esta Corte, ya que dejada sin efecto la destitución y ordenada la reapertura de la
investigación sumarial debe procederse al pago de las remuneraciones por el término que corresponda,
en este caso, por todo el período que va desde el último pago efectuado y hasta el día 13 de octubre de
2006, fecha en que nuevamente fue suspendido, no haberlo hecho que constituye una perturbación en el
derecho de propiedad que tiene sobre esas remuneraciones, toda vez que ese acto constituye una
arbitrariedad, lo que amerita ser subsanado por esta vía cautelar.
En lo demás, debe rechazarse este recurso, ya que no se observa que un sumario ordenado por la
autoridad competente, no afinado, amague el derecho de propiedad en el cargo, toda vez que lo ha sido
por la autoridad administrativa competente, dentro de sus prerrogativas y en el marco de lo que dispone
el artículo 125 de la Ley Número 18.883.
Resulta necesario consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el
artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar
destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma
disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un
acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un
acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien
incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las
garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la
presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.
En la especie, en lo que se refiere a la vulneración del artículo 19 número 24 de la Constitución Política
de la República, el recurso sostiene que la conducta del recurrido afecta el derecho de propiedad del
cargo que desempeñaba en la municipalidad recurrida, así como la propiedad que le asiste sobre las
remuneraciones y derechos previsionales.
Como puede advertirse de los antecedentes del recurso, falta uno de los requisitos que precedentemente
se indicó como básico para el planteamiento y acogimiento de una acción cautelar como la de autos,
esto es, la existencia de un derecho que pueda ser vulnerado con la actuación de la recurrida. En efecto,
el derecho que invoca el recurrente respecto del cargo que desempeñaba en la municipalidad recurrida
no reviste el carácter de ser, según su significado legal, un derecho de propiedad de aquellos que recaen
sobre ciertas clases de bienes incorporales y del cual pueda ser privado para reclamar de protección,
como quiera que no podría verse afectado su ejercicio respecto de ningún atributo o potestad de los que
son esenciales al dominio, como lo establece el precepto del número 24 del artículo 19 de nuestro
Estatuto Fundamental, dado que no tiene en sí las facultades que son inherentes y que singularizan a la
propiedad, ni menos puede ser objeto de un acto jurídico que le reporte algún beneficio para disponer
del mismo con alguna utilidad que tenga significado jurídico.
Al decir el artículo 583 del Código Civil que sobre las cosas incorporales hay también una especie de
propiedad no quiere significar que sea un derecho distinto al derecho de dominio (que se llama también