Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

3) Pero además, y obviamente con la intención de mejorar su posición procesal, la demandante oculta
al juez antecedentes de importancia para decidir en su momento, y así: a) la propiedad de marras se
adquiere en agosto de 1991, efectivamente a nombre de la actora, en ese momento por motivos
particulares era lo aconsejable, pero con dineros suyos, logrados luego de una larga permanencia de
trabajo en la República Argentina (ambos son nacidos en ese país y nacionalizados, por ello también se
casaron ahí), siendo la real intención que esta propiedad próximamente pasaría jurídicamente a él y ella
se quedaría con otra propiedad habida en la Argentina; b) al primer bien se añadía un automóvil, el que
también se adquirió a su nombre, también en el entendido que en su momento se le transferiría; c) por
ello se explica la existencia de sendos poderes o mandatos amplios, en caso del vehículo incluso para
venderlo, y sobre el inmueble para arrendarlo a su más entera satisfacción, respecto a precio o
condiciones; d) se explica también que él se preocupara de los pagos y convenios de pago de las
contribuciones, como se acreditará en su momento.
4) Hasta el año 1999, las cosas marchaban bien; fecha en que se produce el rompimiento matrimonial,
ella se vuelve a la República Argentina, radicándose más tarde en los Estados Unidos de América, no le
transfiere la propiedad, llegándose al acuerdo que administrara tal inmueble y le enviara parte del
dinero al extranjero.
No era lo pactado, pero aceptó, ya que a esa fecha además había hijos menores.
5) Así las cosas, y relacionado lo expuesto con lo manifestado en el primer numeral de esta defensa, no
se puede estimar precaria su posición respecto al bien raíz, en la medida que siendo el cónyuge de la
demandante, de haber adquirido el bien con su dinero y habiendo sido titular de un poder de
administración de parte de ella, esto excluye toda posibilidad de haber tenido la propiedad sin un
destino particular, o como dice la ley, no prestada para un servicio particular, ya que fue administrador
de ella, sin obligación de restituirla en determinado tiempo.
6) Menos puede alegar la actora que, no le ligue con ella un previo convenio, el contrato matrimonial
plenamente vigente, como ella sostiene, el contrato de administración y por ultimo la determinación
que en un momento se tendrá acerca de la verdadera titulación del bien.
7) Tampoco puede entonces expresar que él tenga la propiedad por su ignorancia o mera tolerancia.
Todo esto se excluye en atención a sus relaciones contractuales con ella, como se ha venido diciendo:
relación matrimonial no disuelta, y contrato de administración.
Previo al análisis y ponderación de las acciones, defensas y pruebas rendidas en autos, conviene
precisar que, no obstante que la demandante ha señalado en el libelo que acciona de “comodato
precario”, lo cierto es que la acción efectivamente deducida es la de simple precario, contemplada en el
inciso 2 del artículo 2195 del Código Civil, por lo que será con arreglo a dicha disposición legal que se
deberá emitir pronunciamiento.
Para que proceda la acción de precario contemplada en el artículo 2195 inciso 2 del Código Civil, es
menester que el titular de ella acredite que es dueño de la cosa reclamada y que el demandado tenga la
tenencia de ella y que ésta sea sin previo contrato, por ignorancia o mera tolerancia de su dueño.
Del mérito de la copia autorizada de la inscripción del inmueble cuya restitución se solicita, no
objetada, consta que dicha propiedad se encuentra inscrita a nombre de la actora, en el Registro de
Propiedad del año 1991, del Conservador de Bienes Raíces.
En consecuencia se acredita el dominio del inmueble a nombre de la demandante.
Las partes están de acuerdo en que el demandado ocupa el inmueble de autos, pero no en relación al
título justificativo de la ocupación. Sin embargo, el demandado no rindió prueba alguna que acredite
que ocupa la propiedad por un título distinto al de la mera tolerancia de la dueña, como lo sostiene al
contestar la demanda.
En efecto, el demandado alegó como causal justificativa de la tenencia, su condición de administrador
del inmueble; sin embargo, consta en autos que la actora le revocó el mandato general con fecha 21 de
agosto de 1996, de modo que no es posible concluir que el demandado detente un título que
efectivamente lo autorice a mantenerse en el inmueble, por lo cual debe entenderse que su permanencia