Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

creadora de un órgano jurisdiccional, en circunstancias que ello compete exclusivamente a la ley;
termina solicitando que se declaren inaplicables, por inconstitucionales, para el proceso singularizado,
los preceptos de los artículos 6 letra b) número 7 y 116 del Código Tributario, y el artículo 20 de la Ley
Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
Respondiendo al traslado conferido, la Abogado Procurador Fiscal sostiene que las disposiciones
impugnadas no son leyes “decisoria litis” relativas a la reclamación tributaria, porque no tienen
relación alguna con la materia que se litiga en el reclamo, en el que se discute respecto a la aplicación
de diversos artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta; el recurrente no pretende que determinados
preceptos tributarios no se apliquen a su caso particular por encontrarlos contrarios a la Constitución,
sino que pretende eliminar el tribunal que conoció de ellos, lo que no se aviene con lo dispuesto en el
artículo 80 de la Constitución.
Sostiene que el artículo 116 del Código ‘Tributario no vulnera norma constitucional alguna, ya que los
tribunales tributarios se encuentran creados por disposiciones legales, que son los artículos 6 letra b)
número 6 y 7 y 115 del Código Tributario; de ellos se desprende que los Directores Regionales, si bien
son órganos de la administración del Estado, por estas disposiciones legales ejercen facultades
jurisdiccionales, siendo por ello inconcuso que son tribunales establecidos por la ley y que esta misma,
en virtud del artículo 116, permite que el Director Regional autorice a funcionarios del Servicio para
conocer y fallar reclamaciones y denuncias; no se trata de una delegación meramente administrativa,
sino que de una facultad legal, no solamente amparada en los artículos 115 y 116 del Código
Tributario, sino que también en el artículo 7 de la Constitución, ya que el Director Regional, al
autorizar a funcionarios del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias, ha actuado
válidamente previa investidura irregular, dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley; el
artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales ha expresamente previsto que los tribunales especiales
(como los tributarios) se regirán por la leyes que los establecen y reglamentan, que en este caso son las
del Código Tributario; la situación que se produce respecto del juez tributario del artículo 116 del
Código Tributario tiene como referencia otras situaciones previstas por la ley, como son la subrogación
del Juez de Letras, establecida en el artículo 213 del Código Orgánico de Tribunales, el nombramiento
de árbitros en asuntos de arbitraje forzoso, o el nombramiento de Ministro en Visita Extraordinaria.
Por último, expresa que no existe trasgresión alguna de la autoridad tributaria al artículo 19 número 3
de la Constitución Política, por cuanto el juez tributario en quien ha recaído la delegación no constituye
una “comisión especial”, sino que es un tribunal establecido por la ley y que se encuentra establecido
con anterioridad por ésta; iguales consideraciones cabe formular respecto de las demás normas
constitucionales que se dan por infringidas, como el artículo 38, que establece el derecho de las
personas para reclamar ante los tribunales establecidos por la ley cuando se vean lesionados por actos
de la administración, que es precisamente lo que ha ocurrido en este caso.
Se recibieron los autos en que incide el recurso y se dispuso la vista a esta Fiscalía.
Respecto de las impugnaciones planteadas en el recuso, esta Fiscalía estima que corresponde declarar
la inaplicabilidad del precepto legal contenido en el artículo 116 del Código Tributario por resultar
contrario a lo que disponen los artículos 73 y 74 de la Constitución Política; en efecto, la primera
establece el principio de la exclusividad de los Tribunales establecidos por la ley respecto de la facultad
de conocer las causas civiles y criminales y el segundo establece el principio de la legalidad, en cuanto
prescribe que la determinación de la organización y atribuciones de los tribunales es materia de una ley
orgánica constitucional.
El artículo 116 del Código Tributario es el fundamento legal que habilita a los Directores Regionales
del Servicio para delegar las facultades jurisdiccionales que les confiere el artículo 115 del mismo
cuerpo legal para conocer y fallar reclamaciones y denuncias, en otros funcionarios de su dependencia;
esta delegación se concreta mediante resoluciones administrativas, de modo que no es la ley la que
practica la designación del funcionario que habrá de, asumir las facultades jurisdiccionales de las que
se desprende el juez designado por la ley, sino que dichas facultades tienen su origen en actos