Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

de aquellos, con lo cual la sentencia no ha podido contravenir las normas que el recurso aduce como
quebrantadas en el tercer capítulo de nulidad en el libelo en estudio.
En atención a lo antes expuesto, es del caso rechazar el último capítulo de nulidad, en que se reprocha
el tratamiento de objeto de derecho que haría la sentencia impugnada al nasciturus, cuando se
constituye en un sujeto de derecho, infringiendo las normas legales que ahí se indican, toda vez que no
ha sido demostrado, como debiera corresponder, que tal fallo hubiera dado a los embriones humanos el
mismo tratamiento que reciben las cosas, puesto que el discurso del rechazo de la demanda, se basó
precisamente en que no hay ninguna seguridad científica de que el fármaco aludido afectara a un
embrión y, por consecuencia, tuviera efectos abortivos.
Con lo anterior, no cabe más que rechazar el recurso íntegramente, puesto que, aun aceptando como
error jurídico el que la sentencia aludida hubiese acogido la falta de legitimación activa al rechazarse la
pretensión de la demandante, además, por otras razones que no han merecido censura por esta Corte, el
primer defecto, como se indicó, no influye sustancialmente en lo resolutivo de lo declarado por los
jueces del fondo.
Finalmente, aun cuando no se plantea en el recurso de casación en el fondo como un error de derecho,
se reclama insistentemente en su desarrollo del hecho de aparecer el fallo impugnado en contradicción
con lo resuelto en un recurso de protección, en el cual se había amparado a los embriones humanos,
dejando sin efecto el registro de un producto farmacéutico de marca distinta, pero de igual
composición. Al respecto, cabe consignar que, para atender dicha crítica de manera jurídica, era
menester establecer la posibilidad de un quebrantamiento de una cosa juzgada, que no se denunció de
ninguna manera. Pero en todo caso, conforme lo expuesto en el artículo 3 del Código Civil, la sentencia
recaída en la protección no produce más efecto que el que dicha norma preceptúa, pero además, dado el
carácter cautelar de tal acción constitucional, el artículo 20 de la Carta Fundamental explica que dicho
remedio es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los
tribunales correspondientes”, por lo que tal alegación resulta inconducente.
Se previene que el Ministro Señor Juica, estuvo además por desestimar el recurso de casación en el
fondo en cuanto éste se refiere a la excepción perentoria de carecer el demandante de legitimación
activa, acogida por la sentencia impugnada, y decidir a su respecto que no ha existido en tal decisión
error de derecho susceptible de invalidación. Tiene para ello presentes las siguientes consideraciones:
1. Como se expresa en la sentencia recurrida, demandó el nombrado, en representación del centro
juvenil mencionado, persona jurídica de derecho municipal, con domicilio en la comuna señalada,
impetrando como pretensión básica que se declare por el tribunal la nulidad de derecho público
respecto de una resolución de un órgano público, “Instituto de Salud Pública de Chile”, que autorizó el
registro para la venta o comercialización del fármaco nombrado, actuando en favor de toda mujer o del
ser concebido y no nacido que pudieran ser víctimas de la llamada “píldora del día después”, que
califican de abortiva. Los jueces del fondo dejan constancia que la demandante se constituyó como una
organización comunitaria funcional perteneciente a la comuna señalada y que de sus estatutos resaltan
los fines de “representar las aspiraciones y objetivos de la juventud, sirviendo de medio de expresión y
realización de la vida juvenil; formar íntegramente a sus miembros en los aspectos físicos, intelectual,
cultural y social, vinculándose con la comunidad vecinal; y promover el servicio de comunidad y
solidaridad entre sus miembros a través de la convivencia y de la realización de acciones comunes”.
2. Esta persona jurídica se regula por la Ley Número 19.418, que trata de las “Juntas de Vecinos y
demás organizaciones comunitarias”, de cuyo artículo 2 letra d) se reconoce su objeto, cuando señala
que tal organización comunitaria funcional es: “aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro,
que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del
territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva”. De este modo, jurídicamente la
organización aludida se constituye en lo que la Constitución Política de la República denomina “grupos
intermedios” y que por imposición del inciso 3 del artículo 1, el Estado debe reconocerlos y
ampararlos, porque también a través de ellos se estructura y organiza la sociedad, garantizándoles la