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Dicha petición fue resuelta por el Tesorero Provincial, en su calidad de Juez Sustanciador quien, por
resolución de cuatro de enero último, rechazó tanto la petición de prescripción de oficio, como la de
corrección de procedimiento y, apelada que fue por el ejecutado, la Corte de Apelaciones recurrida, en
la sentencia impugnada de casación, procedió, por las razones que expuso, a anular todo lo obrado en
estos autos y, atendido lo resuelto, no emitió pronunciamiento acerca de la apelación del ejecutado.
En el fallo de segundo grado, los sentenciadores señalaron, en síntesis, que, según consta de la escritura
de compraventa que individualizan, la Oficina de Normalización Agraria, continuadora legal de la
Corporación de la Reforma Agraria, vendió en pública subasta al ejecutado un retazo del terreno que
singularizan, y que en la cláusula séptima de la mencionada escritura pública, que se refiere al precio
de venta, ascendente a la suma indicada, se estipula que el comprador se obliga a pagar una parte al
contado y el resto en diez cuotas iguales y sucesivas en las fechas y por los montos que se indican,
reajustadas en la forma que se establece en los contratos.
Se agrega que, si bien en la nómina de deudores morosos agregada, figura el demandado de autos como
deudor de dos cuotas “deudas Corporación de Reforma Agraria”, tal calidad aparece desvirtuada por la
escritura pública ya mencionada, de la cual se desprende que lo adeudado es el saldo de precio de la
compraventa ya referida, es decir, la deuda no tiene su origen en el proceso de reforma agraria, sino
que es una deuda de carácter civil, cuyo cobro debe efectuarse a través del procedimiento establecido
en el Código de Procedimiento Civil y ante los tribunales civiles competentes, y no ante el Tesorero
Provincial, quien tramita conforme a las normas del Código Tributario.
Por las razones aludidas se anula de oficio todo lo obrado en los autos ejecutivos respecto del
demandado.
Es previo al análisis de las disposiciones que se han dado por infringidas, determinar si la deuda que se
cobra en estos autos es de carácter netamente civil, o si, por su naturaleza, debe serle aplicable el
procedimiento establecido en el Libro III Título V del Código Tributario, que es el que se ha seguido
en autos.
En la escritura de compraventa agregada en el cuaderno principal, comparece como vendedor el
nombrado, en su carácter de Jefe de la Oficina Regional de la Oficina de Normalización Agraria,
continuadora legal de la Corporación de la Reforma Agraria, y en su representación, y como comprador
el señalado, demandado en estos autos. En la cláusula cuarta del referido instrumento se señala que por
disposición de la citada Oficina, se llevó a efecto la venta en subasta pública de la propiedad que allí se
individualiza, adjudicándosela el ejecutado, por lo cual dicha Oficina transfiere a este último, quien
acepta para sí, dicha propiedad. En la cláusula séptima se establece que el precio, asciende a la suma
indicada, el que se entera con la cantidad señalada, pagada con anterioridad, y que el saldo se pagará en
diez cuotas anuales y sucesivas, con vencimiento en las fechas que se indican.
El inciso primero del artículo 2 del Decreto Ley Número 2.247, de 1978, dispone que la Corporación
de la Reforma Agraria, si se dan las situaciones de incumplimiento que se señalan, deberá vender esos
predios, en remate o licitación pública.
El artículo 4 del Decreto Ley Número 2.405, del año 1978, prescribe: “A contar del 1 de enero de 1980,
por el solo ministerio de la ley, todos los bienes y derechos de la Oficina de Normalización Agraria se
entenderán incorporados al patrimonio del Fisco, el que se hará cargo de todas las obligaciones
pendientes a esa fecha”.
Por su parte, el artículo 2 del Decreto Ley Número 3.165, de 1978, declara que el cobro de los créditos
incorporados al patrimonio del Fisco en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley Número
2.405, corresponde al Servicio de Tesorería.
A su turno, el artículo 2 de la Ley Número 18.113, señala que los saldos de precios que resultaren de
las asignaciones o actos de enajenación a que se refiere el artículo anterior, y el artículo 2 del Decreto
Ley Número 2.247, (bienes traspasados a los organismos continuadores de la ya mencionada
Corporación), ingresarán al patrimonio fiscal y, con el carácter de “créditos del sector público”, se
regirán por las normas del Decreto Ley Número 1.263, agregando que dichos saldos se sujetarán, en lo