Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

$143.714 efectuado en mayo de 2004 por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. De esta
suma, $115.889 corresponden a la cotización del 14,20% sobre el monto del sueldo base y las
asignaciones de antigüedad y profesional. El remanente de $27.714 procede imputarlo a la cotización
sobre la asignación judicial.
Agrega que, encontrándose vigente la norma especial del artículo único, letra d) del Decreto Ley 970
de 1975, no procede limitar la base de cálculo de la pensión inicial al equivalente de 60 Unidades de
Fomento, y que así lo ha entendido la Excelentísima Corte Suprema, al rechazar la derogación de aquel
precepto especial por el inciso segundo del artículo 9 de la ley 18.675.
El Instituto demandado, al contestar la demanda, solicita el rechazo de la petición de revisión de la
pensión inicial. En lo sustancial, controvierte el hecho de que la pensión del demandante se encuentre
mal calculada, tanto en su aspecto numérico como en la forma en que se aplicaron las disposiciones
legales, e impugna el fundamento consistente en que las remuneraciones imponibles que deben
considerarse para el cálculo de la pensión inicial no están sujetas a límite o tope de imponibilidad. En
este juicio no se trata de resolver si a los miembros del Poder Judicial se les aplica o no los topes de la
ley Número 15.386. El tope de las 60 Unidades de Fomento de imponibilidad no está establecido en el
artículo 25 de la ley Número 15.386, sino en el artículo 9 de la ley Número 18.675 en relación con el
artículo 5 del Decreto Ley 3.501. Estas disposiciones no se refieren, no afectan ni derogan el Decreto
Ley 970. El artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley 236, que se refiere sólo al artículo 25 de la ley
Número 15.386, sigue plenamente vigente. No obstante, a contar del 1 de enero de 1988, los miembros
del Poder Judicial cotizan sobre el total de las rentas, pero la base de las rentas está limitada a 60
Unidades de Fomento, por así disponerlo de modo perentorio el artículo 9 inciso segundo de la ley
Número 18.675. Con la entrada en vigencia de esta ley se derogó tácitamente el beneficio concedido
por el inciso final del artículo 5 del Decreto Ley 3.501, por aplicación de los artículos 52 y 53 del
Código Civil. Finalmente, solicita el rechazo del reajuste del Indice de Precios al Consumidor
demandado y de la petición de condena en costas, y para el caso de acogerse la demanda, pide dar
plena aplicación al artículo 14 del Decreto Ley 2.448, que establece la forma de reajustar
las pensiones de jubilación.
En la réplica, el demandante hace presente que el demandado restringe el alcance del artículo 14 del
Decreto con Fuerza de Ley 236 de 1968 al afirmar en la contestación de la demanda que dicha norma
especial sólo se refiere al artículo 25 de la ley 15.386, en circunstancias que, como aparece de su tenor
literal, se extiende al “tope de imponibilidad de las remuneraciones establecido en el artículo 25 de la
ley 15.386 y sus modificaciones”. El artículo 25 de la ley 15.386 fijó inicialmente el límite de
imponibilidad en ocho sueldos vitales, límite que fue modificado, elevándosele a cincuenta sueldos
vitales por el artículo 16 del Decreto Ley 2.448 de 1979, y a 60 Unidades de Fomento por el inciso
primero del artículo 5 del Decreto Ley 3.501 de 1980. Esta última modificación, que es la que rige en la
actualidad, no es aplicable al personal Superior del Poder Judicial, por expresa disposición del inciso
final del mencionado artículo 5, el cual reitera, por razones de certeza jurídica, el beneficio previsional
del articulo único, letra d) del Decreto Ley 970 de 1975.
En la dúplica, el demandado reitera que el artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley 236 sigue vigente;
que a partir del 1 de enero de 1988, los miembros del Poder Judicial debían cotizar o imponer sobre el
total de sus rentas, pero con la base de las rentas limitada a 60 Unidades de Fomento, y que el
demandante, a través de su empleador, sólo cotizó en base a una renta limitada en la forma señalada.
Con el mérito de la documental inobjetada, se consideran establecidos en autos los hechos siguientes:
a) Por Resolución de 23 de junio de 2004, del Instituto de Normalización Previsional, se concedió al
actor, en la calidad de ex Ministro de Ilustrísima Corte de Apelaciones, el beneficio de jubilación con
30 años de servicios computables y goce de una pensión inicial de $1.016.161 mensuales, pagadera a
contar del 12 de junio de 2004.
Dicho beneficio le fue concedido en virtud de lo dispuesto por el Decreto con Fuera de Ley 1.340 bis
de 1930; artículo 7 del Decreto Ley 2.448; artículo 132 del Decreto con Fuerza de Ley 338, 1960; ley