Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Solicita en definitiva que se dé lugar a la demanda en todas sus partes, condenando al demandado a
pagar la suma de $48.763.943, por indemnización de perjuicios, o las sumas que Su Señoría estime de
justicia y equidad de acuerdo al mérito de autos, debidamente reajustada y con intereses que Su Señoría
estime procedentes a contar del 27 de noviembre de 1996, o de la fecha que estime conforme a derecho,
con expresa condenación en costas.
La demandada, contestando la demanda, señala que los hechos invocados por los demandantes en
cuanto a su relación, son vagos e imprecisos; en primer lugar, en el sector existen dos pasarelas
peatonales, por lo cual, para determinar la existencia del cauce o alcantarilla es indispensable saber el
lugar físico de la escalera metálica de la pasarela peatonal junto a la cual había existido tal cauce o
alcantarilla; en segundo lugar, trata como sinónimos los términos cauce o alcantarilla, sin determinar a
qué elemento se refiere, lo que es fundamental para concluir su existencia y el órgano responsable de su
mantención y conservación.
Agrega que, cualesquiera que haya sido la avería existente en el lugar, ella era absolutamente visible al
bajar desde la escalera metálica de la pasarela, considerando la amplia visibilidad del lugar, la persona
a cargo del menor de autos y el propio menor de haber ido atento a las condiciones del lugar y haber
actuado con el debido cuidado, se hubiera evitado el siniestro demandado. En todo caso indica que no
se reportó denuncia alguna sobre la existencia de un cauce o alcantarilla sin tapa en el lugar.
En cuanto al derecho, señala que la municipalidad tiene la administración de los bienes nacionales de
uso público existentes en la comuna, con excepción de aquellos que por su naturaleza o fines la ley ha
entregado su administración a otros órganos de la Administración del Estado. Así, la administración de
las calzadas y aceras de esta comuna corresponden al Servicio de Vivienda y Urbanismo, por lo que el
deterioro de las vías públicas existentes en la comuna, no es de responsabilidad de la municipalidad,
pues no es titular de la atribución de estudiar, construir, inspeccionar, renovar y administrar pavimentos
de las calzadas y aceras de la ciudad.
La administración del pavimento de la acera en que habrían ocurrido los hechos de autos, le
corresponde a otro órgano de la administración del Estado, no siendo responsable de su deterioro ni de
los perjuicios sufridos por los usuarios.
En cuanto a la responsabilidad por falta de servicio, indica que no concurren los requisitos de
procedencia de la obligación de la municipalidad para resarcir o indemnizar el daño eventualmente
causado. La falta de servicios imputada supone que la organización haya funcionado mal; que no haya
funcionado o que haya actuado tardíamente. En este caso no existe la obligación legal de actuar, por lo
que en caso alguno puede configurarse una responsabilidad por falta de servicio.
En cuanto a los daños demandados, y para el caso que se configure su responsabilidad por falta de
servicio, su responsabilidad patrimonial es extiende sólo a los daños que sean producto inmediato del
funcionamiento anormal de sus servicios. La indemnización no puede ser objeto de lucro, la evaluación
del daño efectuada por la demandante es exagerada y no corresponde al detrimento sufrido,
exageración que se contiene en todos las ítems demandados.
El tribunal en la regulación de los daños debe tener en cuenta la naturaleza del hecho que tipificaría la
falta de servicio, como las condiciones y situación personal del ofendido.
Solicita que se considere que el día de los hechos tanto el menor como la persona adulta a su cargo, no
estuvieron atentos a las condiciones del momento, por lo que deberá reducirse la evaluación del posible
perjuicio sufrido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2330 del Código Civil.
Agrega que los reajustes e intereses deben devengarse desde que la sentencia adquiera la calidad de
firme o ejecutoriada, ya que la apreciación de los daños se efectúa en el momento que la sentencia
adquiera dicha calidad.
Respecto de las costas, igualmente alega su eximisión, de acuerdo al artículo 144 del Código de
Procedimiento Civil, por cuanto tenía motivo plausible para litigar.
Conforme a la prueba rendida por las partes y la diligencia de inspección personal del tribunal, ha
quedado demostrado que los hechos ocurrieron en una acera o vereda de la avenida mencionada de esta