Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

En efecto, si las Jefaturas Regionales del referido organismo actúan en ese carácter al conocer de
reclamaciones de contribuyentes y denuncias en contra de éstos, la ley no podría autorizar la delegación
de estas atribuciones, por ser contraria a la naturaleza de la actividad jurisdiccional, que definen los
artículos 73 de la Constitución Política de la República y 1 del Código Orgánico de Tribunales.
En abono de la idea de que las mencionadas autoridades desempeñan una función jurisdiccional, puede
hacerse valer que el Código Tributario las incluye entre los Tribunales que contempla el Título I de su
Libro III, al señalar en el inciso primero del artículo 115 que el Director Regional conocerá en primera
o en única instancia, según proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las
denuncias por infracción a las disposiciones tributarias, salvo que expresamente se haya establecido
una regla diversa.
Asimismo, el hecho que el artículo 120 del citado cuerpo legal preceptúe que a las Cortes de
Apelaciones les corresponde conocer en segunda instancia de los recursos de apelación que se
deduzcan en contra de las resoluciones del Director Regional, en los casos en que ellos sean
procedentes de conformidad a este código, confirmaría que esas resoluciones recaen en una materia
jurisdiccional, revisable por la vía de la apelación por un tribunal ordinario de justicia, el que, en
cambio, carece de potestades disciplinarias sobre los Directores Regionales de Impuestos Internos, las
que sólo puede ejecutar a su respecto la Corte Suprema.
Igualmente, las Direcciones Regionales de Impuestos Internos podrían estimarse comprendidas entre
los tribunales a que alude el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Política, al prevenir que
cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus
organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño, puesto
que les compete conocer de reclamaciones de contribuyentes fundadas en que las actuaciones de ese
Servicio agravian sus derechos.
Como la referida función ha sido radicada en los Directores Regionales de Impuestos Internos por el
Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio, que contiene el decreto con fuerza de ley Número 7,
de 1980, se cumpliría la exigencia impuesta por el inciso primero del artículo 73 de la Constitución
Política, de que los tribunales facultados para conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y
hacer ejecutar lo juzgado, deben ser establecidos por la ley.
Con todo, el hecho que un organismo creado por ley tenga facultades resolutivas en materias que
afectan a derechos de particulares, por la vía de conocer reclamaciones de éstos o denuncias que se
formulen en su contra, no es, por sí solo, suficiente para atribuirle la condición de órgano dotado de
poderes propiamente jurisdiccionales, aunque tengan la atribución de imponer multas, porque ella es
común a diversas autoridades administrativas en relación con las personas cuyas actividades fiscalizan.
A este respecto, interesa recordar que, refiriéndose a la garantía de la igualdad ante la justicia para
todas las personas, el antes mencionado inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Constitución
Política alude a todo órgano que ejerza jurisdicción, al exigir que sus sentencias se funden en un
proceso previo legalmente tramitado. El concepto utilizado en la norma tiene una amplitud mayor que
la noción ordinaria de tribunal o de órgano jurisdiccional, en cuanto admite que un órgano puede
desempeñar funciones jurisdiccionales, aun sin poseer la condición de tribunal, lo que coincide con los
antecedentes que aporta la historia del establecimiento de esta disposición (Actas Oficiales de la
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión 103 página 14).
Como la jurisdicción, vocablo derivado de la raíz latina “iurisdictio”, encierra la facultad de decir o
mostrar el derecho (“iusdicere”), tal como lo recordara Francisco Hoyos en sus “Temas Fundamentales
del Derecho Procesal”, (Editorial Jurídica de Chile, 1987, página 3 y siguientes), ella debe ejecutarse
con independencia de las partes y con imparcialidad, lo que es un elemento de la exigencia del debido
proceso, según lo destacó, a su vez, Adolfo Alvarado Velloso (“El Debido Proceso”, Gaceta Jurídica
Número 110, año 1989, página 8 y siguientes). Ello hace necesario examinar si esas condiciones
concurren en el caso de las Direcciones Regionales de Impuestos Internos.