Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

NORMA= Art. 21 Ley 18.092, 30 Ley 18.092, 102 No. 2 Ley 18.092; 464 No. 7 CPC, 768 inc. final
CPC
DESCRIPTORES= Juicio Ejecutivo, Cobro Pagaré. Excepciones, Falta Requisitos Título. Excepción
Falta Requisitos Título, Procedencia. Pagaré, Requisitos Fuerza Ejecutiva. Pagaré, Documento en
Garantía. Pagaré en Garantía, Requisitos. Requisitos Pagaré en Garantía, Endoso en Garantía. Pagaré
en Garantía, Falta Endoso en Garantía. Falta Endoso en Garantía, Efectos. Casación en la Forma,
Limitaciones Recurso. Limitaciones Casación en la Forma, Entidad Perjuicio
EXTRACTO= Casación en la Forma: El recurso ha sido fundado en las causales 4 y 5 del artículo 768
del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 de igual cuerpo de leyes, esto es, por
haber sido dada la sentencia en ultrapetita, extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del
tribunal, y en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos
enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene al efecto lo siguiente:
a) La sentencia apelada, en su considerando primero señala “la excepción del número 7 del artículo 464
del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la ejecutada son, en primer lugar, que el pagaré fue
suscrito en blanco en el año 1999” y en segundo término, “que la firma estampada en él no fue
autorizada ante Notario Público y que quien figura en él no ha dado cumplimiento al artículo 425 del
Código Orgánico de Tribunales”.
b) El vicio de ultra petita, a juicio de la recurrente, deriva de la errada inteligencia y que determina su
rechazo en tanto que ella deriva de un hecho del todo distinto: el pagaré cobrado en autos fue dado en
garantía de una obligación de cesión de derecho o factoring, hecho ni siquiera mencionado en la
sentencia recurrida.
c) En cuanto al segundo rubro o causal de casación formal, se incurre en la omisión de referirla a la
“sentencia de reemplazo”, y en ella la recurrente no hace sino dar un enfoque diverso a la pretensión
anterior, señalando que el fallo impugnado ha debido ponderar y considerar que la ejecutante, al
contestar el traslado a las excepciones opuestas señaló como un hecho cierto que la ejecutada reconoció
haber suscrito el pagaré en 1999, y que tal operación se efectuó dentro del contexto del contrato de
factoring suscrito por la parte en el año 2000, acompañando copia del mismo. Al no formular
consideraciones de hecho y de derecho acerca de tal documento, su omisión ha influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, determinando la existencia de la causal de casación formal
del número 5 del artículo 768 del ya citado Código de Procedimiento Civil.
De la lectura atenta de los términos literales del recurso y su breve reiteración oral en estrados, se
concluye que no es la invalidación del fallo el único camino que el recurrente ha tenido para pedir se
deje sin efecto la sentencia de primera instancia que considera como agraviante a los derechos de su
representado. Prueba de ello es que ha interpuesto conjuntamente el correspondiente recurso de
apelación. Por ello, y atendido lo previsto en el inciso penúltimo del artículo 768 del Código de
Procedimiento Civil, pudiendo subsanarse el perjuicio reclamado por medio de la apelación, el actual
recurso de casación formal puede legalmente ser desestimado.
Apelación: La primera excepción opuesta por la ejecutada es la del número 7 del artículo 464 del
Código de Procedimiento Civil, consistente en la falta de alguno de los requisitos o condiciones
establecidos por las leyes para que el título de la contraria tenga fuerza ejecutiva. La ha sustentado en
tres ideas básicas. Una de ellas, la de la letra b) expresa literalmente lo siguiente: “El ejecutado no
suscribió el documento que se le pretende cobrar en estos autos en la fecha que se señala, sino hace más
de dos años atrás, cuando comenzó contratando con la empresa antecesora de la actora distintas
operaciones de factoring, habiendo suscrito dicho pagaré “en blanco” y, por supuesto, sin que dicha
firma hubiese sido autorizada por notario alguno. Ello se demuestra con la simple lectura de la página
web de la empresa ejecutante en la cual consta que la empresa nombrada cambió su razón social a la de
la actora, a comienzos del año 2000, siendo por tanto inverosímil que en el mes de mayo de este año
2002 se le haya exigido a mi representante suscribir un pagaré “a la orden de la antecesora de la
actora”. La única explicación lógica y valedera para ese hecho es lo que en verdad ocurrió: que dicho