Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

provienen de los traspasos que pretende hacer valer la contribuyente, es un antecedente más que
confirma la malicia con que actuó el señalado y su hermano, toda vez que entre ambos y con la
sociedad referida, de la cual son socios y representantes, existe una relación comercial o contractual, y
cualquier traspaso de fondos que se realice entre ellos, debe obligatoriamente estar contabilizado o
documentado como un préstamo, donación o cualquiera otra partida relacionada, todo lo cual debe
respaldarse por la documentación legal y pertinente que permita establecer si tales dineros se
encuentran afectos, exentos o bien no gravados con impuesto a la renta de cualquier especie.
Por lo tanto, vistas las consideraciones anteriores, no corresponde acceder a la petición de prescripción,
debido a que se ha establecido fehacientemente en autos que la declaración de renta presentada por la
reclamante, correspondiente al año tributario 1996, ha sido maliciosamente falsa, y por consiguiente
corresponde que opere la aplicación del inciso 2 del artículo 200 del Código Tributario, en la especie 6
años.
Respecto del origen de los fondos, cabe destacar que, el artículo 21 del Código Tributario prescribe que
corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la
ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la
naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del
impuesto. Del mismo modo, para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el
contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio.
Como se ha señalado, no ha sido probado que los fondos aplicados en las inversiones en depósito a
plazo cuestionadas tengan su origen en dineros obtenidos de la sociedad referida, tampoco que ésta los
haya generado en la venta de vehículos nuevos o usados, sino que se ha establecido que su origen es
indeterminado e incierto, toda vez que los ingresos que se obtuvieron en las ventas de estos vehículos
fueron consignados en la cuenta “deudores varios”, activo que no tiene disponibilidad inmediata y no
es líquido, por lo que resulta inexplicable que el dinero que se depositó en las cuentas corrientes de los
bancos nombrados tenga su procedencia en esa cuenta, toda vez que ella refleja las “deudas” que tienen
terceros con la empresa y en ningún caso es sinónimo de “dinero en efectivo” y sólo representa un
cambio de una cuenta de activo (Varios Deudores) por otra (Bancos Nombrados).
Por otro lado, en el caso específico de que las inversiones a plazo provienen de los ingresos obtenidos
producto de la venta de vehículos nuevos recibidos de parte de la sociedad automotora nombrada, se
debe señalar que la prueba aportada fue carente de documentos que establecieran la fórmula de pago
pactada con la sociedad referida, por lo que no fue posible establecer la relación pretendida. Además,
las anotaciones contables en la sociedad referida durante 1995, denotan la existencia de ingresos
obtenidos por la venta de vehículos, pero no la debida correspondencia de que hayan sido utilizados
para materializar los depósitos a plazo. Y tal como se ha señalado, la cuenta depósitos a plazo no fue
registrada en la contabilidad y las cuentas “Bancos Nombrados” contienen movimientos distintos a las
inversiones en depósitos a plazo.
Por lo tanto, no se han aportado pruebas fehacientes que demuestren el origen de los fondos aplicados
en las inversiones cuestionadas, la reclamante sólo se ha limitado a exponer una teoría que no tiene
sustento documental ni legal, desde el momento en que las consideraciones se fundaron en la existencia
de un manejo de fondos de terceros y que los depósitos a plazo no correspondían a su patrimonio, por
tratarse de un traspaso accidental no probado en autos, figuras que no se sustentan legalmente y más
aún, en el primer caso, constituye un ilícito tendiente a disminuir la base imponible de los impuestos
que le afectaban a los participantes, latamente señalado y que ha quedado de manifiesto según lo
analizado y concluido en los considerandos anteriores.
Por los antecedentes que obran en autos, procede rechazar el reclamo, toda vez que las liquidaciones no
contienen las nulidades de derecho público basadas en la vulneración de los artículos 73 a 77 del
Estatuto Administrativo, según lo señalado de los considerandos 3 a 100; no existe violación al Secreto
Bancario, según los considerandos 11 a 15; las liquidaciones no están prescritas, según el análisis de los
considerandos 16 a 36 y la contribuyente no justificó el origen de los fondos aplicados a los depósitos