Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Según consta de documentos acompañados, en especial del Contrato de Trabajo, celebrado entre la
recurrente y la trabajadora, consta que fue celebrado a contar del 16 de octubre de 2006 hasta el
término de la faena contratada, constando por otra parte que el Proyecto de Contrato Colectivo fue
presentado al empleador con fecha 30 de octubre de 2006.
Según emana del tenor de la Resolución de Multa de fecha 14 de diciembre de 2006, se establece que
se ha separado de sus funciones a una trabajadora que se encontraba amparada por fuero laboral, sin
tener la autorización judicial respectiva.
Como se ha consignado, la sociedad recurrente dedujo la presente acción cautelar contra la Inspección
Provincial del Trabajo, que con fecha 14 de diciembre pasado expidió la Resolución de Multa
Administrativa número referido, por separar ilegalmente de sus funciones a la trabajadora nombrada,
sin disponer de la autorización previa del juez competente para proceder a su despido, aduciendo que
aquélla contaba con fuero laboral por estar involucrada en la negociación colectiva.
Explica la reclamante que alegó ante el fiscalizador actuante que tal persona ya no era trabajadora de la
empresa, puesto que su contrato de trabajo había terminado con fecha 27 de octubre del año 2006, por
lo que no tenía fuero laboral; y, además, que según el artículo 305 número 1 del Código del Trabajo, no
pueden negociar colectivamente los trabajadores que se contraten exclusivamente para el desempeño en
una determinada obra o faena transitoria o de temporada, como ocurre en el presente caso.
Finaliza señalando que estando impugnada la naturaleza de la relación laboral, la recurrida carecía de la
atribución de calificar sus cláusulas, pues ésa es una determinación que sólo puede hacer el órgano
jurisdiccional.
La recurrida, en síntesis, señala que no existe arbitrariedad ni ilegalidad, invocando sus facultades,
puesto que sólo constató que la trabajadora fue separada de sus labores con fecha 27 de octubre del año
2006; que formaba parte de un proceso de negociación colectiva iniciado con fecha 30 de ese mismo
mes y año; y que la empresa no contaba con autorización para despedirla.
Del mérito de los antecedentes y de los que obran en los autos sobre recurso de protección ingreso de
este Tribunal rol individualizado cuya vista conjunta al presente fue decretada por el a quo, se puede
constatar, en lo que interesa, que se establecieron como hechos en el informe de fiscalización referido
que la empleadora dispuso el despido de la trabajadora nombrada con fecha 27 de octubre de 2006, sin
contar la empresa con autorización para despedirla; que el proyecto de contrato colectivo fue
presentado con fecha 30 de octubre de 2006; y que con posterioridad al acto que se impugna por esta
vía, se acogió la objeción de legalidad promovida por la comisión negociadora representante del
sindicato de trabajadores de la empresa recurrente. En cuanto concierne a la trabajadora nombrada,
declarando que en su calidad de dependiente de la empresa que negocia, amparada por el fuero que
otorga la ley, es parte del proceso de negociación colectiva actualmente en curso.
De lo antes expuesto resulta que el funcionario cuya conducta se ha impugnado no ha incurrido en
alguna actuación que pueda reprochársele por la presente vía, al haber actuado en ejercicio de sus
facultades específicas de fiscalización, por cuanto sólo verificó objetivamente que una trabajadora
había sido separada de sus funciones el día 27 de octubre de 2006, despido que era improcedente sin
autorización previa del juez correspondiente, pues a esa fecha aquélla aparecía amparada por fuero
laboral en virtud de lo establecido en el artículo 309 del Código del Trabajo. En efecto, dicha
disposición legal dispone que “Los trabajadores involucrados en una negociación colectiva gozarán del
fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días anteriores a la presentación de un
proyecto de contrato colectivo hasta treinta días después de la suscripción de este último”.
En virtud de lo expuesto, se concluye que la recurrida no se ha arrogado facultades jurisdiccionales al
aplicar la multa objeto del recurso, toda vez que se ha limitado a ejercer sus atribuciones y potestades
privativas de naturaleza administrativa, al haber constatado una infracción laboral, cuyos hechos se
consignan en el respectivo informe de fiscalización, lo que determina que este recurso deba ser
rechazado.
Lo concluido es sin perjuicio de lo que pudiera resolverse por los tribunales competentes sobre la