REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Edición c o n m E m o r a t i v a dE l Bi c E n t E n a r i o
una organización institucional sustentable, es decir, fijar los nuevos Estados y
sus opciones de gobernabilidad. Además de una guerra de descolonización, la
emancipación hispanoamericana fue también una serie de guerras civiles, sobre
todo entre liberales y absolutistas, pero también entre caudillos o entre diferentes
tendencias para ejercer el poder. Es importante recalcar que la emancipación
no se puede reducir a una guerra de “criollos liberales” frente a “españoles
realistas”, como lo presenta la versión mítica popular, sino que, en ambos lados
del Atlántico, fue sobre todo la lucha entre el deseo emancipador de democracia
contra el poder aplastante de la tiranía del régimen absolutista. La Junta de
Sevilla y el movimiento de resistencia a la usurpación del trono por Bonaparte
fueron dirigidos por el liberalismo peninsular que llamó a los criollos a unirse al
movimiento (diciembre de 1808 y enero de 1809). Lo que implicaba una ruptura
del régimen político, con la aplicación del concepto de soberanía popular y las
elecciones de representantes al Congreso Constituyente de Cádiz y a las Cortes.
El trabajo constitucional que produjo el Código Político de 1812 (la Constitución
liberal de Cádiz) fue el resultado tanto de peninsulares como de criollos, que
juntos defendieron la introducción de principios democráticos fundamentales. A
esta lucha entre liberales y absolutistas se agregó, desde 1809, un debate político
entre liberales peninsulares y liberales criollos. Los representantes americanos
sostenían, con razón, que eran jurídicamente súbditos de Fernando VII y no de
los españoles peninsulares, sus reinos estando vinculados a la monarquía y no al
gobierno de España, en tanto que la Junta Central, el Consejo de Regencia y las
Cortes pretendían gobernar y legislar para ambos lados del Atlántico.
La revolución de los criollos americanos fue así una consecuencia de la guerra
en España, que ofrecía la ocasión “forzada” de asumir el absoluto control político
y económico de sus provincias. Los criollos no podían obedecer a un usurpador
extranjero (José Bonaparte), ni a un rey prisionero (Fernando VII), ni tampoco a
los españoles en lucha (la Junta Central y el Consejo de Regencia). Esta última
opción hubiera significado, en los territorios americanos, reforzar el poder de
la clase minoritaria de los funcionarios españoles sobre la aristocracia criolla, y
agudizar así el problema de desigualdad entre peninsulares y americanos que
daba origen al afán autonomista. Sin embargo, la fórmula generalmente elegida
de ruptura con la metrópoli, mediante juntas de gobierno autónomas pero súbditas
del rey cautivo, quitaba el poder a los residentes peninsulares, agudizando el
conflicto de intereses entre estos dos componentes de la clase dominante. Eso
explica que, en varios casos, la guerra de emancipación fue una guerra civil entre
estos dos bandos.
Además, esta guerra de independencia política tomó distintas orientaciones.
Con la autonomía, los ricos criollos de las provincias con mayoría de mestizos,
indios, pardos y esclavos enfrentaban el riesgo de perder sus privilegios, al
no poder contener las crecientes demandas de participación de otros grupos
sociales. Los ejemplos de los excesos de la Revolución Francesa y de las más
cercanas experiencias de Coro (1795) y de Haití (1802) ejercen sobre ciertas
provincias (México, América Central, Venezuela, Perú y Alto Perú), un efecto de
cohesión en los dos bandos por temor al cambio social. En La Paz, en 1809, y
sobre todo en México, de 1810 hasta 1815, fue una revolución social y racial de
los indios y mestizos en contra de los terratenientes blancos. En otras partes fue
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