REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Ev i s t a li B E r t a d o r o’higgins
impuestos y toda especie de contribución directa o indirecta, las organizaciones
territoriales, los tratados de comercio; los reglamentos generales o de ramos
particulares, como sean públicos; la creación de magistraturas o comisiones con
autoridad pública; los privilegios exclusivos; la libertad de imprenta; los cultos y
moralidad pública; todo régimen civil, eclesiástico o monacal; todo establecimiento
u obra pública; el modo y forma de todas y cualquiera reunión de la voluntad
general; los grandes empeños del Estado con otras potencias o particulares..
la extinción, alteración o creación de rentas públicas; los cuños, ley y peso de
moneda; las armas, blasones, bandera y cualesquiera distintivo nacional; la
creación de cuerpos militares y jefes de ellos; las grandes reuniones de tropas
en algún punto del Estado; toda conmoción civil; las confiscaciones generales;
las fórmulas de protestaciones, homenajes y juramentos de fidelidad, y causa
nacional; sobre todo, los decretos legislativos de Gobierno y cuantos negocios
graves ocultan, y tenga por conveniente el consultarme” 8 .
“Como Supremo Consejo de justicia conocerá de todos los recursos judiciales,
que por segunda suplicación, y de más extraordinarios de gracia son permitidos
por las leyes corrientes como admisibles últimamente a la soberanía en todas y
cualesquieras materias de justicia, Hacienda, Guerra, Policía, Patronatos como
sean contenciosos, y en que versándose derecho entre partes, eran suplicables
en el antiguo régimen a la misma personal del Rey” 9 .
Este conjunto de facultades daban al Supremo Consejo de Estado y de
justicia el rol de organismo consultivo, de Poder Legislativo y de garante de los
derechos ciudadanos. Siguiendo los principios expuestos desde la Carta Magna,
le correspondía velar por los intereses nacionales en materias de Hacienda,
Relaciones Exteriores y Defensa 10 . Asimismo, le atañía conocer los recursos
de suplicación, los que en el período hispánico eran propios de la merced del
soberano. Suprema Potestad que tradicionalmente pertenecía a los jefes de
Estado y que el Libertador radicara en dicha entidad.
“Este poder propondrá al Gobierno las reglas de su organización más
convenientes, como también la de los recursos y negocios de que ha de conocer,
procurando siempre todo el mayor alivio de los pueblos” 11 . Aquí se le otorgaba al
Supremo Consejo de Estado y de justicia la atribución de proponer una nueva
organización constitucional. Es interesante destacar que la finalidad de ella
debía ser “el mayor alivio de los pueblos”, lo que contrasta vivamente con el
doctrinarismo propio de los hombres de la Patria Vieja y de los que dominarán la
escena política a partir del retiro del Libertador hasta la batalla de Lircay.
El análisis del texto del “Plan de Hacienda y Administración Pública”, unido
al estudio de la aplicación de sus normas realizadas, por el Director Supremo.
Independencia y respeto de los fallos de los Tribunales de justicia, cautela del
interés pecunario del Estado, limitación voluntaria de las facultades del Ejecutivo,
8 Id., artículo 129.
9 Id., artículo 130.
10 La Carta Magna, 1215, impuesta por la nobleza, el clero y las ciudades inglesas al Rey Juan Sin Tierra,
vedada a los monarcas el levantar tropas, firmar tratados y establecer nuevos impuestos sin el consentimiento
de los representantes de los súbditos.
11 Id., artículo 133.
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