REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Edición c o n m E m o r a t i v a dE l Bi c E n t E n a r i o
como imponer contribuciones, pedir empréstitos, declarar la guerra, hacer la
paz, firmar tratados de alianza, comercio, neutralidad, mandar embajadores,
cónsules, diputados o enviados a potencias extranjeras; levantar nuevas tropas o
mandarlas fuera del Estado, emprender obras públicas y crear nuevas autoridades
o empleos” 28 .
Podría reformar la Constitución según lo exijan las circunstancias; fomentar
la educación, designar una comisión compuesta de un Senador y dos individuos
del Tribunal de Apelaciones para tomar la residencia a los empleados del
Estado 29 . Le correspondía asimismo velar por la observancia de la Constitución
y resolver las dudas que pudieren suscitarse en torno a su aplicación 30 . El título
IV trataba del Poder Ejecutivo: establecía que el titular del Poder Ejecutivo era
un Director Supremo. Cuya elección ya estaba verificada (O’Higgins), según las
circunstancias que han ocurrido; pero en lo sucesivo se deberá hacer sobre el
consentimiento de gas provincias, conforme al reglamento que para ello formará
la potestad legislativa.
No obstante la amplitud de sus facultades, ellas estaban limitadas por el
Senado, corporación a la cual debía rendir minuciosa cuenta del manejo de los
fondos fiscales y no podría “intervenir en negocio alguno judicial, civil o criminal
contra persona alguna de cualquiera clase o condición” 31 . De esta manera se
consagraba la independencia del Poder judicial. Es dable hacer notar que la
organización dada por la Constitución de 1818 a este Poder del Estado, con un
Supremo Tribunal judiciario a la cabeza, una Cámara de Apelaciones y jueces
ordinarios inferiores, constituye el primer antecedente de nuestra actual estructura
judicial 32 . Del mismo modo su generación, propuesta en terna del Supremo
Tribunal judiciario al Director.
La Constitución mantenía la división de Chile en tres provincias: “La Capital,
Concepción y Coquimbo. Al frente estaban Gobernadores, Intendentes
nombrados por el Director Supremo. Pero en el futuro su designación tendría
un carácter popular. Consagraba asimismo la existencia de los Cabildos cuyos
miembros gozarían de inmunidad: “ninguno de sus individuos podrá ser arrestado
o preso, sino por orden expresa del Supremo Director, quien, sólo la podrá librar
en materias de Estado y en las de justicia, la Cámara o Tribunal de Apelaciones;
pero si la naturaleza de la causa exigiese un pronto remedio, se le arrestará por
la autoridad competente en lugar decente y seguro, y avisará inmediatamente al
Director” 33 . Este precepto reafirmaba el profundo respeto del Libertador hacía las
instituciones tradicionales representativas de la Comunidad y sus componentes.
Los Cabildos deberían “fomentar el adelanto de la población, industria, educación
28 Id., artículo 4°.
29 “La residencia consistía en un juicio que, en el período hispánico, se segura a los funcionarios que concluían
su gestión. Cualquier agraviado por algún acto realizado por ellos podía demandar sanciones e indemnización
por los perjuicios que éstos le hubieran causado.
30 Título III, capítulo II, artículos 1° al 9°.
31 Título III, capítulo II, artículo 1°. Constitución de 1818.
32 Título V, Constitución de 1818.
33 Título VI, artículo 1°, Constitución de 1818.
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