REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Edición c o n m E m o r a t i v a dE l Bi c E n t E n a r i o
respectiva”. Establecía así un verdadero organismo contralor, con tuición sobre
la recaudación e inversión de los fondos del Estado. Concepción muy avanzada
para la época y que tendía a garantizar la transparencia en el manejo de los
dineros fiscales.
El artículo 105 entregaba a los Intendentes el conocimiento en la instancia de
las causas de justicia, Policía, Hacienda y Guerra. El artículo 117 establecía que
“Los Intendentes remitirán a los Alcaldes Ordinarios las causas de justicia que no
necesiten de su autoridad, a fin de que queden más expeditos para las principales
funciones que les están encomendadas. De esta manera, los Intendentes pasaban
a cumplir funciones judiciales en la instancia.
Sin perjuicio de lo cual el artículo 123 creaba un Tribunal de justicia y Apelación,
el que vendría a reemplazar a la Real Audiencia como máximo Tribunal Letrado
del Reino: Lo compondrán un Presidente, y tres miembros, todos letrados, 6 un
Fiscal con un Agente de Canciller, Alguacil Mayor, dos Relatores, dos Escribanos
de Cámara y un Portero. Tendrá el Capellán acostumbrado, su tratamiento en
cuerpo y oficialmente el de Señoría. Su autoridad la de la antigua Cancillería.
La independencia del Poder judicial y sus funciones exclusivas quedaban
claramente enunciadas en el artículo 138: “El Gobierno se desprende del Poder
judicial. Ningún ciudadano podrá ser juzgado sino por los Tribunales de Justicia,
legalmente establecidos. Las providencias del Gobierno en estas materias
podrán ser económicas o precautorias. Pero una sentencia definitiva, en que se
decida la vida, hacienda o libertad del ciudadano en particular, sólo corresponde
a los Tribunales de justicia”. Se consagraba de esta manera una trascendental
Limitación a las facultades omnímodas que el Cabildo Abierto de febrero de
1817 había otorgado al Director Supremo. Nada desmiente mejor los calificativos
de “ambicioso y “tirano” con que sus detractores calumniaría al Prócer que la
promulgación, por su libre arbitrio, de estas normas.
Los artículos 128 a 136 se referían al establecimiento y facultades de “Un
Supremo Consejo de Estado y de justicia, compuesto de cuatro Ministros y
un Fiscal con igual renta y honores, a que serán llamados los ciudadanos de
mayor suficiencia, probidad y patriotismo. A su consulta pasarán todos los graves
negocios del Estado, y un día de cada semana será presidido por el jefe del
Gobierno, reuniéndose en su sala directorial, donde con asistencia de los Ministros
de Estado se tratarán todas las materias importantes, sin perjuicio de ser llamados
cuantas ocasiones tenga por conveniente. Siempre tendrá la facultad y ministerio
de proponerme cuanto juzgue conducente a la felicidad pública. Mis Ministros de
Estado (a quienes declaro miembros natos de este Consejo, pero con sólo voto
informativo) pasarán a él cuando lo juzgue oportuno, o me lo pida por billete para
instruirle de las materias consultadas, desamparando la sala al tiempo de sus
acuerdos” 7 .
“Se tendrá precisamente por materias graves, y de consulta, la paz, la guerra,
los pactos y alianzas con otros países; las Embajadas o diputaciones, los
6 “Letrado” se entiende de Derecho, que tramita y falla en conformidad a la ley, Letrados eran llamados quienes
poseían estudios superiores en Derecho.
7 Artículo 128, Plan de Hacienda y Administración Pública.
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