REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Ev i s t a li B E r t a d o r o’higgins
no se arrogó poder extraordinario. Este le fue ofrecido y entregado libremente.
Si a esto agregamos que el Autoritarismo Legal fue ejercido con prudencia y
ecuanimidad, respetando rigurosamente el interés general y contando, además,
con el beneplácito y con la confianza pública, es forzoso concluir que la leyenda
de la dictadura de O’Higgins –repetida hasta nuestros días– ha sido en gran
medida producto de una inexcusable confusión de conceptos. Durante todo su
gobierno, el Libertador respetó la norma jurídica y la voluntad mayoritaria de sus
conciudadanos, circunstancias que, a su juicio, eran necesarias para mantener el
orden y la tranquilidad social.
IV. LA AFIRMACIÓN DEMOCRÁTICA
Al Libertador Bernardo O’Higgins le tocó actuar en una época difícil, de honda
crisis doctrinario. Se trataba de dar al cuerpo social una nueva organización,
un nuevo espíritu. Había que subsistir la desigualdad social por una estructura
democrática e igualitario. Había que materializar los principios proclamados en la
Emancipación. Si estudiamos atentamente las reacciones de los diversos grupos
que actuaron en el gobierno de O’Higgins comprobaremos que la Independencia
no fue siempre el aspecto más apasionante en el complejo de opiniones e
intereses que entrechocaban en aquella época. Serán los principios democráticos
de la igualdad y de la soberanía popular los que avivarán más intensamente las
pasiones y despertarán mayor interés.
Los Criollos tradicionalistas –que constituirían la mayoría– sentían abierta
repugnancia por las consecuencias democráticas e igualitarias que podría llegar
a producir la colonización. Los Pelucones, blasonados en rancios pergaminos
castellanos, presentían que la Independencia arrasaría con sus títulos y privilegios,
pero era principalmente el Aristócrata acaudalado, con posibilidades de comprar
un título de nobleza, el que se sentía más contrariado con la abolición del status
nobiliario.
La estructura nobiliario y las costumbres coloniales seguían representando
valores supremos para el sector tradicionalista. Al regresar, en 1817, los patriotas
desterrados en el Archipiélago de Juan Fernández por el Gobierno de Mariano
de Ossorio, lo primero que hicieron fue ostentar sus pergaminos e insignias de
nobleza. En 1818 un Patriota de espíritu tan ampliamente liberal como el de José
Miguel de Carrera censuró a O’Higgins la abolición de los títulos de, nobleza. San
Martín, apenas proclamado Protector, incorporó a la legislación peruana los títulos
de Castilla concedidos por el Rey de España o comprados por la alta burguesía y
autorizó el uso de los escudos de armas.
O’Higgins, al asumir el Gobierno, estimó necesario suprimir los títulos
nobiliarios. En septiembre de 1817 decretó su abolición y fundamentó la medida
en un bando publicado a fines de mayo de ese mismo año, con las siguientes
palabras:
“En toda sociedad debe el individuo distinguirse solamente por su virtud y su mérito;
en una república es intolerable el uso de aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza
de los antepasados por ser muchas veces conferida en retribución de servicios que
abaten a la especie humana”.
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