REVISTA LIBERTADOR O'HIGGINS - Instituto Ohigginiano

Edición c o n m E m o r a t i v a dE l Bi c E n t E n a r i o
EMPRESAS DE CORSO EN EL GOBIERNO DE O’HIGGINS
Mario Cárdenas Gueudinot
Después de la batalla de Chacabuco y con el propósito de entorpecer el bloqueo
marítimo español, O’Higgins autorizó algunas empresas de corso 1 . En los dos
primeros años de su gobierno concedió patentes 2 a particulares que deseaban
hacer ganancias y auxiliar al Estado en la realización de la guerra marítima. En
1819, cuando ya estaba en funciones la marina militar, sólo permitió una empresa
de este tipo y de carácter casi oficial, como fue el corsario “Los Andes”.
El corso era una actividad muy lucrativa, ya que el total de la presa hecha
por un corsario quedaba a beneficio de éste y su reparto se hacía de acuerdo
a un contrato notarial firmado entre el armador y los oficiales y tripulación. El
interesado en emprender esta arriesgada actividad debía pagar una fianza 3 como
garantía por los perjuicios que con sus actos pudiera causar al comercio nacional
y de neutrales. Además, como cualquier barco mercante, cancelaba los derechos
de almirantazgo y todos los que gravaban la internación de mercaderías. De lo
anterior se desprende que el corsario no era un asalariado del Estado, porque
emprendía la campaña por su cuenta y riesgo. Aun más, capturada la presa y
antes de proceder al reparto, debía someterla a su legitimación, realizada por un
tribunal de presas en la capital, que consideraba el caso de acuerdo al reglamento
provisional de corso de 1817 y sus modificaciones posteriores.
En noviembre de 1817, Guillermo Mackay, marinero escocés, junto a otros
dos ingleses obtuvieron patente de corso para un lanchón de su propiedad. Su
proyecto era capturar la fragata Minerva, uno de los transportes del convoy de
la Esmeralda, que se hallaba en Arica. La Muerte o la Gloria, como se le conoció
entonces, partió desde Valparaíso en la que sería la primera expedición corsaria 4 .
1 El corso chileno fue estudiado en sus aspectos legales por Luis Uribe: Los orígenes de nuestra Marina Militar
1817-1819. Santiago, 1892, parte I, pp. 73 a 102; Diego Barros Arana: Historia General de Chile. Santiago,
1892, tomo XII, pp. 310 a 318; Oscar Viel: La guerra marítima ante el derecho internacional Santiago, 1899,
pp. 35 a 58, y Manuel Salas Lavaqui: Estudio sobre presas marítimas hechas por la República de Chile.
Santiago, 1880. En forma de artículos también se preocuparon de esta actividad Benjamín Vicuña Mackenna
y hasta hace pocos años Alamiro de Ávila Martel y Rodrigo Fuenzalida Bade.
2 Para trazar el modelo de patente de corso o “letras de marca” se tuvo presente la fórmula usada por Inglaterra,
Estados Unidos de Norteamérica, Portugal y España. El documento servía al corsario para garantizar su
inmunidad y salvoconducto, respecto de los demás pabellones.
3 Este derecho alcanzaba al 3% sobre el valor del buque, aunque O’Higgins lo rebajó al 2%. Peritos del gobierno,
junto al dueño, hacían la tasación. Valentín Letelier: Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de
Chile 1811 a 1845, tomo III, p. 68.
4 El gobierno de O’Higgins extendió patentes de corso a nombre de Carlos Wooster y Estanislao Lynch, y otras
para ser distribuidas a interesados en Buenos Aires, pero no llegaron a materializarse. Vicuña Mackenna a.
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