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cienda, que se venían suprimiendo ingresos
desde 1834, sin crear otros nuevos, por lo que
un Gobierno los suprimía y otro los volvía á
restablecer. En 26 de Mayo de 1843, por decreto
del Regente del reino, autorizado por
Mendizábal, se suprimieron los derechos de
puertas y arbitrios que se cobraban por cuenta
de la Hacienda, dejando sólo los que se
aplicaban á los Municipios sobre las especies
de carnes, vinos, aguardientes, licores, aceite,
vinagre y jalón, dejando libres los demás géneros.
Por otro de 3 de Julio se suprimió el
impuesto sobre aguardientes y licores; por
otro de 20 de Junio se suprimieron los impuestos
que se exigían bajo el nombre de alcabalas,
cientos, nieve y millones, catastro, equivalente
y talla.
Verdad es que tan múltiples impuestos y su
manera de realizarlos causaban mil vejámenes
y exigían para recaudarlos la mayor parte de
los ingresos.
El 30 de Julio del mismo año, firmado por
otro ministro (Ayllón), se deja sin efecto el
decreto de supresión de las rentas indicadas, y
se dan instrucciones para recaudarlas. Con
igual fecha, por el mismo ministro, se pidió á
las Juntas formadas en las provincias, por estar
en una insurrección continua, fondos, por
encontrarse el Tesoro público exhausto y empeñado.
El decreto de 31 de Julio del mismo año
mandaba se procediera á la recaudación y cobranza
de las contribuciones de paja y utensilios,
y de frutos civiles y atrasos, etc.
Otro decreto de 7 de Agosto restablece la
contribución de culto y clero, que en 1." de Junio
del mismo año 43 había suprimido Mendizábal.
Tal era el embrollo que presentaba nuestra
Hacienda, y las órdenes de supresión y de
restablecimiento se sucedían con tal rapidez
que aumentaban la confusión. El desbarajuste
era natural, habida consideración á las luchas
políticas, en que cada partido tenía ideas económicas
diferentes y empleados de su escuela.
Los unos, queriendo destruir todo, porque en
realidad era malo, sin crear nada; los otros,
queriendo conservar todo lo qxie aquéllos deshacían;
los unos y los otros, sin tiempo bastante
en el poder para pensar en reformar el
sistema tributario, se contentaban con medidas
que en último término aumentaban la
confusión.
En 21 de Agosto de 1843 se expresaba así el
Gobierno: «Tan pronto como se constituyó el
Gabinete de 9 de Mayo, tomó conocimiento
de los trabajos estadísticos que se habían ejecutado
en consecuencia de repetidas circulares
que han visto la luz pública. El examen
de los papeles remitidos por los intendentes
de provincia demuestra que, por muy laudable
que fuera el deseo del Gobierno, sus esperanzas
habían sido defraudadas, porque un
asunto de tanta trascendencia no había sido
mirado en su importancia, sino bajo formas
pequeñas y aun sin el correspondiente enlace.
Así es que el Gabinete de 9 de Mayo, reconociendo
la gravedad de la materia, puso en
movimiento el expediente, con objeto de traer
á un centro la formación de la estadística catastral
» El decreto concluye con el articulado,
formando una Comisión de cinco individuos
para formar la estadística de la riqueza
pública de España. Esta Comisión hizo poco
más ó menos que las anteriores y posteriores.
Siendo la base de esas Comisiones pedir datos
á los pueblos y éstos á los contribuyentes, los
resultados no pueden ser otra cosa que emborronar
papel sin utilidad, que hasta hoy no
ha mejorado, pues unos por malicia, otros
por mala intención, y todos por ignorarla
importancia del asunto, y el Gobierno por carecer
de voluntad propia para obrar, es lo
cierto que la estadística administrativa, con
relación á los impuestos, se encuentra, poco
más ó menos, como al principio de su instalación
, sin bases fijas para repartir las contribuciones
con igualdad relativa, puesto que la
exacta no cabe en este asunto.
III. Por lo dicho se viene en conocimiento
de qite el ministro Mon se vio obligado á introducir
la reforma de los impuestos, abandonando
el camino trillado por sus antecesores
de supresión por unos y rehabilitación por
otros. Mon suprimió la infinidad de impuestos
que existían, creando otros nuevos en infinito
menor número, con lo que hizo un gran
bien, pues la sencillez en estas materias son
siempre un adelanto. La falta fué la cortedad
del tiempo para estudiar y formar los datos
que exigen las operaciones previas para la
confección del padrón de riqueza ó amillaramientos.
La cartilla de evaluación de la riqueza que
ha de amillararse es la base de todo el sistema;
es la medida de la capacidad tributaria
de cada uno de los propietarios y colonos. Y
no prestándose esa medida á la exactitud, todo
el sistema carece necesariamente de ella.
Las dificultades que ofrece la formación de
la cartilla de evaluación son de dos géneros:
1.°, los defectos que tienen las disposiciones
administrativas; 2.°, los pocos conocimientos
y no muy buena voluntad de los individuos
de las Juntas municipales llamados á formarlas.
La Administración se empeña en que la riqueza
rústica, que es la más importante, se
ha de sujetar á una clasificación de primera,
segunda y tercera clase, fundándose en que
sólo pueda haber bueno, mediano y malo. Y
como quiera que en realidad ese principio es
falso, y que entre esas clases hay otras, que
deberían lo menos ser nueve, tres en primera,
tres en segunda y tres en tercera, es decir,
que en primera hubiese bueno, mediano y
malo, según quiere la Administración, y lo
mismo en las otras, de este modo no sucedería
lo que hoy tiene lugar, que siendo el producto
líquido de una tierra de primera 100,
por ejemplo, el de segunda40 y el de tercera
10, los tránsitos de una á otra clase son tan