l - Repositorio Gestion Documental v.03

APR — 407 — APR
yo firme de la boea del caballo, sin que por
eso picotee, pese ni cargue la cabeza en el
freno ó embocadura, y apoyo á más que á
mano llena, el que no fuerza la mano del jinete,
y sin embargo carga un poco en la embocadura.
APREMIO.—Es el acto de cualquiera autoridad
por el cual se obliga á alguno á que
haga ó ejecute alguna cosa. Divídese el apremio
en judicial y administrativo, y se refiere
siempre á la prestación de un servicio, á la
•ejecución de un hecho ó al pago de alguna
cantidad. Sólo entra en la esfera de este trabajo
lo que se refiere al apremio por la vía
gubernativa, especialmente cuanto atañe á los
débitos á la Hacienda por contribuciones de
diversas clases y compra de bienes nacionales.
El establecimiento del nuevo sistema tributario
originó necesariamente una legislación
moderna relativa al cobro de los tributos
•cuando los contribuyentes no satisfacen en el
plazo señalado por la administración la cuota
que les corresponde; legislación que parte del
Real decreto de 23 de Mayo de 1545, y cuya
base principal, que se ha conservado en las
demás disposiciones vigentes sobre la materia,
consiste en considerar como gubernativos
todos los procedimientos de cobranza, sin
exceptuar los que llevan consigo medidas
coactivas contra las personas, y sin que en
ningún caso puedan mezclarse en ellos los
tribunales ó juzgados, mientras se trate del
interés directo de la Hacienda pública.
Bien pronto aconsejó la experiencia la ampliación
y modificación de lo dispuesto en el
decreto á que aludimos más arriba, y con este
fin se dictó el de 23 de Julio de 1850, destinado
á organizar convenientemente la ejecución
de los apremios contra los primeros contribuyentes,
aclarado en varios puntos por la ley de
19 de Julio de 1869, y constituyendo un cuerpo
de doctrina especial para el ramo de apremios,
por la Instrucción de 3 de Diciembre
de 1869, vigente hasta el 20 de Mayo de 1884,
•en que por un Real decreto se puso en vigor
la Instrucción para el procedimiento contra
deudores á la Hacienda pública, última disposición
vigente sobre el asunto, y que comprende
y organiza todas las anteriores.
Gracias á esta circunstancia, encuéntrase
reunido y armonizado cuanto puede interesar
al contribuyente para defender sus derechos,
y conocer de un modo claro y concreto cuáles
son sus deberes; y como la referida Instrucción
es de fecha muy reciente, todo induce á
creer que regirá durante un plazo relativamente
largo; circunstancia que nos mueve á
tratar de sus principales disposiciones, y con
•especialidad cuanto se refiere á los primeros
contribuyentes, los cuales de este modo podrán
consultar cuanto les interese en un asunto
de tanta trascendencia para todos los agricultores.
El primer artículo parte del principio establecido
en anteriores disposiciones de que
los procedimientos contra contribuyentes y
otros responsables para la cobranza de los
descubiertos liquidados á favor de la Hacienda
pública, son puramente administrativos, y
se siguen por la vía de apremio, siendo por lo
tanto privativa la competencia de la Administración
para entender y resolver sobre todas
las incidencias del apremio, sin que los
tribunales ordinarios puedan admitir demanda
alguna, á menos que se justifique haberse
agotado la vía gubernativa, y que la Administración
ha reservado el conocimiento del
asunto á la jurisdicción ordinaria.
En el caso en que los contribuyentes estimen
que no tienen obligación de pagar la cantidad
por que se les apremia, pueden intentar reclamaciones
contra ellos; pero no podrán obtener
la suspensión inmediata del apremio si no
depositan en la Caja del Tesoro público ó en la
de Depósitos, el total importe del débito, gastos,
costas é intereses de demora, á cuyo efecto
presentarán con la instancia en que formulen
la petición, la carta de pago de dicho ingreso
(artículo 2.° de la Instrucción de 20 de
Mayo de 1884).
Considéranse como débitos liquidados á favor
de la Hacienda pública, tratándose de los
primeros contribuyentes, la cuota que contra
él aparezca en repartimientos, matrículas, liquidaciones,
relaciones ó certificaciones expedidas
por autoridad ó funcionario competente
, y éstos son el ministro de Hacienda, la
Dirección general de contribuciones, la autoridad
económica de la provincia, el administrador
depositario del partido y los alcaldes de
los- pueblos que no son ni capitales de provincia
ni cabezas de partido administrativo, y
que proceden por delegación de la autoridad
administrativa de la provincia (artículos 7."
La cobranza de las contribuciones directas
se verifica por medio de recibos talonarios,
con sujeción á las listas cobratorias y repartimientos,
y por trimestres, entendiéndose vencido
el plazo para el pago el día 1.° del segundo
mes de cada trimestre, y debiendo estar
abierta la cobranza, según el vecindario
de cada localidad, los días siguientes: En los
distritos municipales que no excedan de 150
contribuyentes, dos días; tres en los de 151 á
400; cuatro en los de 401 á 800; cinco en los
de 801 á 1.000; seis en los de 1.001 á 3.000;
ocho en los de 3.001 á 6.000; diez en los de
6.001 á 10.000; doce en los de 10.001 á 20.000;
catorce en los de 20.001 á 40.000, y quince
en los de más de 40.000 (artículo 10).
No puede exigirse al contribuyente por la
vía ejecutiva toda cuota que no haya sido reclamada
legalmente por la recaudación en el
término de quince años (artículo 11).
Como el acto de la cobranza de las contribuciones
da muchos abusos, porque
los recaudadores no cumplen cou todos los requisitos
señalados por la ley, á fin de que nadie
pueda alegar ignorancia, y con frecuencia los
contribuyentes se ven apremiados sin que
previamente se les haya exigido su cuota ó