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aquellas consagradas en los artículo 43,44,46,368,13 transitorio y 46 transitorio de
la misma.” (Negrilla fuera de texto)
El Estado en ejercicio de su función benéfica, puede decretar diferentes
subsidios, es así que mediante la Ley General de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero -101 de 1993 en desarrollo de los artículo 64,65 y 66 de la Constitución-
dispone en su artículo séptimo que cuando circunstancias ligadas a la protección
de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la protección
del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, el
Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos
directos a los productores agropecuarios y pesqueros, en relación directa al área
productiva o a sus volúmenes de producción. Señala adicionalmente en el inciso
segundo del artículo 65 que de igual manera, el Estado promoverá la investigación
y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas
de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Es por lo anterior que en la exposición de motivos de la Ley 1133 de 2007 se
mencionan los artículos 64,65 y 66 de la Constitución, se aborda dentro del texto
el tema como “2.3. Convocatoria de Riego” y se indica que “…Uno de los
grandes problemas del sector agropecuario es la dificultad que ha tenido de
acceder a nuevas tecnologías y a la mejora de sus sistemas productivos… ”.
(negrillas fuera de texto)
En el mismo documento se advierte que el Gobierno Nacional a través del MADR
y del programa AIS, quiere fomentar la inversión y desarrollo tecnológico en
materia de riego, mediante la apertura de una convocatoria pública a presentar
proyectos para la construcción de sistemas de riego, y que de los proyectos
presentados se seleccionarán de conformidad con unos criterios de evaluación los
mejores y se les financiará parcialmente el proyecto, lo anterior por cuanto el
subsidio que se proyectaba era del 80% del valor de las obras de riego y drenaje
que se construyeran.
Así las cosas y teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa el Estado vía
MADR entregaba un subsidio a personas naturales, y que el IICA solo podría
colaborar como prestador de servicios, para estructurar una convocatoria, elaborar
unos pliegos, recibir y calificar ofertas, contratar una interventoria entre otras
actividades, y que este servicio puede obtenerse de cualquier otra entidad privada
y como quiera que adicionalmente, el decreto 777 de 1992, que reglamento el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución, advierte en el numeral 4 del
artículo 2 que este no se podrá aplicar para la transferencia que realiza el estado
de este tipo de asistencia o subsidio, el artículo 355 de la constitución no puede
sustentar de ninguna manera la contratación de un convenio especial de
cooperación en ciencia y tecnología. Adicionalmente, tampoco podía haberse
seleccionado de manera directa el colaborador del MADR por lo ya expuesto.
Respecto de la cita que se hace del artículo 96 del decreto 489 de 1998, es
valido para el efecto señalar que este se refiere a los convenios de asociación o
a la creación de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en
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