FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

estuvo siempre atenta al desarrollo de la función desplegada por ésta última, y
emitió las órdenes, correctivos y directrices de forma verbal, tales orientaciones no
se plasmaron en ninguno de los informes, donde se determina con toda claridad
esta omisión.
Igual situación se presenta respecto del convenio 03 del 2 de enero de 2007,
donde la omisión de la implicada permitió que su subalterna haya transgredido la
normatividad citada, al no elaborar y tramitar oportunamente el acta de liquidación
del convenio, según las voces de cláusula vigésimo tercera del mismo.
En este sentido, es evidente que la disciplinada incumplió los deberes que le
correspondían como delegante de una función pública, como quiera que en su
condición de integrante del Comité Interventor de los convenios 03 de 2007, 055
de 2008 y 037 de 2009, designada en el mismo texto de tales convenios,
omitiendo la obligación que tenía de vigilar y controlar las funciones que delegó en
la funcionaria Gisela Torres Arenas, quien como delegada en la parte financiera,
no ejerció el debido seguimiento y supervisión a la ejecución de los convenios.
Si bien la función administrativa que adelantan los entes estatales está
determinada por la distribución de funciones que da lugar a la desconcentración,
como manifestación de la división del trabajo y a su vez de los principios de
confianza y buena fe, también es de recalcar que la disciplinada tenía claros
deberes de revisión, orientación y control frente a la delegación otorgada, los
cuales fueron desconocidos.
4.10.2.1 Tipicidad.
En virtud del principio de legalidad, corresponde a la ley determinar las conductas
que constituyen faltas disciplinarias. Ésta, tal y como está concebida en nuestro
ordenamiento jurídico, corresponde a tipos abiertos que remiten a normas
complementarias, del tal manera que no se puede pretender encontrar una
descripción específica de conductas para configurarla, pues la falta se origina en
el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en
el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, etc., cuando ello afecte el buen funcionamiento del Estado.
Con la conducta desplegada por la señora Alba Sánchez Ríos en su condición de
Directora de Planeación y Seguimiento Presupuestal y con ocasión de la
delegación que hizo en cabeza de la señora Gisela del Carmen Torres Arenas, se
desconocieron las siguientes disposiciones:
El numeral 4º del artículo 4º de la ley 80 de 1993, en cuanto esta norma consagra
como obligación de las entidades estatales el deber de adelantar revisiones
periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados
con la contratación estatal, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por los contratistas, promoviendo las acciones de
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