FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

correspondían a las actividades de ciencia y tecnología definidas por el Decreto
Ley 393 de 1991 artículo 1º y Decreto 591 de 1991 artículo 2º.
4.1.3.2.9. ANALISIS DE LA CULPABILIDAD.
Si bien, el grado de culpabilidad fue calificado en el pliego de cargos como
cometido a titulo de DOLO, el material probatorio allegado en descargos, así
como los argumentos jurídicos planteados por el disciplinado y su defensor,
permiten reconsiderar la culpabilidad imputada.
Encuentra el despacho que efectivamente, El Dr. ANDRÉS FELIPE ARIAS
LEYVA, en su calidad de Ministro de Agricultura incurrió en falta disciplinaria
gravísima al desconocer los principios de transparencia y responsabilidad que
gobiernan la actividad contractual, al utilizar la modalidad de contratación directa
para celebrar los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica
Nos. 003 del 2 de enero de 2007, 055 del 10 de enero de 2008, 052 del 16 de
enero de 2009 y 037 del 14 de enero de 2009, con el Instituto de Cooperación
Interamericano para la Agricultura – IICA, invocando que el objeto y las
obligaciones estipuladas en los citados convenios comprendían actividades de
ciencia y tecnología,
No obstante lo anterior, y a pesar de que el objeto y las obligaciones de los
convenios objeto de reproche no correspondían a las actividades de ciencia y
tecnología definidas por el Decreto Ley 393 de 1991 artículo 1º y Decreto 591 de
1991 artículo 2º , y que con ellos se omitió el proceso licitatorio que debía
preceder la escogencia de los contratistas que debían adelantar las
actividades contratadas, no puede atribuirse al Dr. Arias la intención
deliberada de vulnerar el principio de transparencia consagrado en el articulo
24 numerales 1 y 8 de la ley 80 de 2003, siendo el elemento volitivo, un
ingrediente fundamental para sustentar el dolo imputado.
A pesar de lo expuesto, el comportamiento reprochado al Dr. Arias encuadra
dentro de la modalidad de CULPA GRAVÍSIMA descrita por el parágrafo del
articulo 44 de la ley 734 de 2002, fundada en este caso, en la desatención
elemental del deber que el ministro se encontraba en la obligación de cumplir
en razón del cargo desempeñado, máxime cuando el disciplinado, era el
responsable de la contratación en la dependencia (art 26, núm. 5 ley 80), y su
actuación se encontraba precedida por las reglas sobre administración de
bienes ajenos (Art 26. 4 ley 80 de 1993).
El disciplinado al firmar los convenios, debía tener plena claridad en cuanto
a que la modalidad de contratación que se estaba escogiendo era ajustada a
la ley, y no desconocía, como en efecto ocurrió, uno de los pilares
fundamentales de la contratación estatal (principio de transparencia), concretado
en el deber de efectuar las correspondientes licitaciones que permitieran a los
interesados, acceder en igualdad de condiciones a un proceso concursal
publico.
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