FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

$3.793.873.206, modificando en el 63% el total del Plan Operativo, para un valor
final de $2.206.126.794, alterando el fin primordial que era la Divulgación del
programa, concepto disminuido en el 80.23% al inicialmente apropiado e
impidiendo que se cumpliera con la esencia y propósito que se perseguía, y
consintiendo que sólo se invirtiera $910.000.000, al objeto primordial que era la
divulgación del programa.
El implicado como integrante del Comité Administrativo, se reitera, tenía el deber
de revisar el avance en la ejecución del convenio y la obligación de aprobar las
modificaciones o ajustes requeridos en su desarrollo, para lo cual, podía impartir
las instrucciones sobre el direccionamiento de las actividades contratadas.
Igualmente, en el convenio 037 de 2009 se le asigna la función de dirección,
seguimiento y evaluación del convenio, en cuyo cumplimiento debía, entre otras
tareas, revisar, analizar y rendir concepto en relación con los informes
presentados por el IICA; funciones que no fueron debidamente cumplidas, en
razón a que si bien dicho comité, conoció los informes rendidos por el IICA y por el
Comité interventor del Ministerio, cuya función delegó en la Dra. Edelmira Rivera,
no verificó, ni analizó la información allí contenida, ni realizó sugerencia o
recomendación alguna en torno al contenido de las mismas, pues, simplemente
se limitó a hacer una síntesis del informe del Comité Interventor, sin ningún
reparo; es decir, no se pronunció ni adoptó las medidas necesarias a efectos de
corregir las irregularidades que se estaban presentando en el desarrollo del objeto
del convenio.
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los deberes funcionales que el
implicado debía cumplir en el desarrollo del convenios 037 de 2009, devienen de
las funciones asignadas en el propio convenio, de los manuales y de la ley, estos
deben cumplirse por el servidor público, so pena de incurrir en omisión al
cumplimiento un deber funcional previsto en el numeral 1° del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002.
En ese orden, se considera que el Disciplinado trasgredió las normas y
reglamentos citados, si se tiene en cuenta que en su condición de Integrante del
Comité Administrativo con el apoyo del Comité Interventor, era el órgano
encargado de ejercer la dirección, seguimiento y evaluación del mismo, a fin de
asegurar que la ejecución se desarrollara en las condiciones pactadas. Esas
funciones, no las cumplió debidamente el implicado, como se demostró
La responsabilidad 581 de los servidores públicos tiene su fundamento en el artículo
6º Constitucional. En el evento de estar probada la conducta omisiva del
disciplinario y la culpabilidad de la misma, para determinar su responsabilidad
disciplinaria se requiere además que la omisión, conforme lo dispone el artículo 5
581 RESPONSABILIDAD: Debe entenderse el principio como la pretensión de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de
las competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas cuando su actuación es indispensable para realizar los
intereses generales o proteger un bien jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es susceptible de generar riesgos y
peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha querido prevenir o evitar. --Administración y función Pública.
Documento elaborado por la Relatoria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, segundo trimestre de
2008. Igualmente, en este sentido ver Corte Constitucional, Sentencia C-366/93.- (Subrayado fuera de texto original)
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