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El servidor público deberá siempre, además de contar con los recursos
presupuestales, hacer los estudios referentes a los precios del mercado, la
conveniencia o justificación, determinar qué personas naturales o jurídicas pueden
ejecutar el objeto contractual, etc., todo con el fin de agotar los pasos propios del
principio de economía, en el ámbito específico de la planeación contractual.
Por eso, en la contratación pública los principales esfuerzos deben estar dirigidos
hacia los estudios previos, pues es a partir allí que se establecen el objeto y las
obligaciones contractuales entre las partes, de allí su importancia, razón por la
cual las entidades públicas están en la obligación de apoyar con empeño esta
gestión.
En relación con la obligación de acatar las exigencias del principio de planeación,
en particular, la de realizar los estudios previos exigidos por la ley, la doctrina
autorizada ha expuesto lo siguiente:
«El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación expresa de
escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige estudios,
proyectos, diseños y demás análisis necesarios para el correcto planteamiento de
la necesidad de la Administración al momento de dar a conocer a los particulares u
otras entidades estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se
tenga toda la información como si la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del
contrato estatal; todo esto porque no solo se compromete el buen funcionamiento
de la Administración, sino que además se ve implicado el patrimonio público, y en
últimas la consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo
por medio de la contratación pública.
[…] el análisis de oportunidad y conveniencia de la celebración del contrato […]
implica todo un juicio de valoración por quien ejerce funciones administrativas para
que los actos administrativos sean realmente beneficiosos y acordes con los
intereses generales. […] Por ello, se hace necesaria una evaluación previa de la
situación, no solamente para llegar a la conclusión de que se necesita el contrato,
sino para determinar la figura a utilizar.» 98
En ese orden, antes de la celebración de cualquier contrato o convenio, debe la
administración contar con unos estudios, los cuales además no serán cualquier
clase de estudios, toda vez que deberán corresponder a la mejor manera de
absolver la necesidad que ampara el proceso contractual, y de llegarse a realizar
un proceso contractual sin estudios previos, o con estudios deficientes, constituye
una conducta relevante en materia disciplinaria, como lo ha sostenido este órgano
de control así:
4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.
5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser
amparados por el contratista.
98 EXPOSITO VELEZ, Juan Carlos. “La Configuración del contrato de la Administración Pública en Derecho Colombiano y
Español”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Enero de 2003. Págs. 591y 596 a 598.
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