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situaciones de hecho” se sujeta a la normatividad reguladora respectiva actúa
de acuerdo a la voluntad estatal.
En la órbita de competencia de que está investido el representante legal de una
Entidad Pública, se reitera, debe ejércela conforme lo establece la ―norma
atributiva‖, y el ejercicio de “..la potestad discrecional contractual obedece a claras
facultades legislativas que otorgan a la Administración potestades suficientes para
realizar Juicios de valor, apreciaciones y estimaciones, con el propósito de
permitirle el cumplimiento de los cometidos estatales, el bien común y el interés
general (...) La discrecionalidad, en cuanto potestad abierta, ha sostenido el
Consejo de Estado, se caracteriza precisamente por la cobertura de actuación o
margen de mayor o menor amplitud para la realización de los objetivos trazados
por el legislador.... ―, criterio serio del doctrinante JAIME ORLANDO
SANTOFIMIO 60 .
Establece el defensor, que la autoridad administrativa goza de una limitada
libertad de discrecionalidad en la aplicación de procedimientos, reguladores de
fases pre - o contractuales en ningún momento afecta la validez o eficacia del
contrato estatal que se celebre, si se tiene en cuenta, que estos negocios
jurídicos, pluralidad de Convenios Especiales de Cooperación, están amparados
por el Principio de Legalidad, y las causales generadoras de vicios determinantes
de nulidad absoluta o relativa de estos actos jurídicos, de carácter taxativo y
restrictivo, que al aplicarse y declararse a través del procedimiento previsto en el
régimen legal contractual, afecta la valides del mismo, evento en el cual se infirma
la presunción de legalidad.
Concluye el defensor que en el trámite de los Convenios Especiales de
Cooperación Científica y Tecnológica celebrados con el IICA, no se advirtió ni se
advierte causal alguna de nulidad, artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 80 de 1.993,
además en la actividad contractual por parte de la Administración competente
prevalece el respeto del interés público, el bien común y la defensa del patrimonio
público.
El Despacho en los cargos no se refirió a la valides, eficacia o presunta ilegalidad
de los convenios, por lo tanto no se pronunciara sobre el tema.
En lo que respecta a las omisiones, el defensor no precisa a que tema en
particular se refiere, parece relacionado al cargo concerniente con la omisión de
estudios o el que estos deben ser precisos y completos, como quiera que este
tema se trata in extenso en el numeral 4.1.1, nos remitimos a lo allí expuesto y si
de lo que se trata es de sustentar que se nos presentaron omisiones por tratarse
de convenios de ciencia y tecnologia nos remitimos a lo expuesto en los
numerales 4.1.3.2.4 y 4.1.3.2.8
Respecto a la limitación a la autonomía de la voluntad en la contratación estatal,
se encuentra en los principios y fines consagrados en la ley 80 de 1993, entre los
60 ORLANDO SANTOFIMIO, ob. Cit. Pags. 124y 125
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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