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de la República, manifestó que en ninguno de los informes, ni en ninguno
de los Comités Administrativos celebrados, se hizo advertencia alguna
sobre beneficiarios que hubieran fraccionado proyectos y simulado
contratos, para beneficiarse de más recursos de los previstos en los
términos de referencia.»
En los alegatos finales además de reiterar algunos aspectos indicados en los
descargos, señaló lo siguiente:
«En relación con las normas señaladas como vulneradas, es necesario
precisar que mi defendido no es, ni ha sido, funcionario del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo tanto ninguno de los
manuales de interventoría o de contratación de ese Ministerio le son
aplicables. El Dr. RODOLFO CAMPO SOTO ejerció el cargo de
Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —
INCODER, que desde su creación, hasta la fecha, de manera
continua, y por tanto durante la vigencia de la Ley 1152 de 2007, ha
sido un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que cuenta con personería
jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa, esto es,
con autonomía en la gestión de sus respectivas funciones. Si bien
es coordinado por el Ministerio de Agricultura, al que se encuentra
adscrito, dicha coordinación se ejerce, dentro de los parámetros que
establece la ley, a través del control de tutela, sin que en virtud de
dicho control se establezca la subordinación propia del control
jerárquico.
[…] en la celebración del Convenio 055/08, suscrito por tres partes
singulares y autónomas, cada una de ellas tan solo podía disponer, y
dispuso, sobre aquellos asuntos en los que la ley (en el caso del
MADR y del INCODER), y el Acuerdo Básico sobre Privilegios e
Inmunidades y sus reglamentos (en el caso del IICA), les permitía
pactar.
[…] Cada una de dichas leyes def inió el ám bito de
competencias y de responsabilidades. Así, la totalidad de las
acciones previstas en la Ley 1133 quedaron determinadas en cabeza
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las del artículo 92 de
la Ley 1152, bajo la responsabilidad exclusiva del INCODER. Por tanto, en
virtud del Convenio 055/08 no le resultaba posible al MADR pactar
ninguna estipulación que desarrollara el artículo 92 de la Ley
1152/07, ni al INCODER pactar ninguna estipulación derivada de la
aplicación de la Ley 1133/07.
De acuerdo con lo expuesto en la fundamentación del cargo
formulado, la totalidad de los casos específicos sobre los que,
según la Procuraduría, se suscribieron Acuerdos de Financiamiento sin
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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