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presentadas y propuestas elegibles, pero que dicha experiencia debía servir para
realizar ajustes a lo que podrían ser las nuevas convocatorias.
De igual manera, al no contemplar los términos de referencia reglas claras, justas
y completas en cuanto a quiénes podían ser los beneficiarios de los apoyos, así
como de las condiciones para acceder a los mismos, ocasionó que dicha
coyuntura fuera aprovechada por los proponentes de los proyectos, utilizando la
figura de contratos de arrendamiento de partes de sus fincas para lograr presentar
un proyecto por cada fracción de terreno arrendado, lo cual condujo a que un solo
predio se beneficiara con más de un apoyo, incrementando su valor.
Adicionalmente, el investigado al aprobar los mencionados términos de referencia
en las condiciones anotadas, vulneró los principios de transparencia y
responsabilidad que regulan la actividad contractual, en la medida en que esa
actuación hacía parte de la ejecución del convenio 055 de 2008 y determinaba la
asignación de los apoyos económicos a quienes participaran en el respectivo
proceso de selección, toda vez que los principios que se reprochan demandaban
que las convocatorias públicas implementadas por el IICA contaran con reglas
claras, completas y justas, en tanto que los Convenios de Cooperación que dieron
lugar a las convocatorias se encontraban sometidos a las normas del estatuto
general de la contratación pública.
La violación de los principios de transparencia, selección objetiva y
responsabilidad que regulan la actividad contractual, se vio reflejada en la
aprobación de unos términos de referencia con ausencia de reglas claras, justas y
completas lo que produjo la asignación de apoyos económicos a proyectos
pertenecientes a un mismo predio de explotación agrícola y, de otra parte,
estimuló la ausencia de criterios y parámetros estandarizados que propiciaran la
diferenciación de los apoyos que demandaban las necesidades de los pequeños,
medianos y grandes agricultores, con lo cual se cumpliría con uno de los objetivos
previstos en el marco general de la ley 1133 de 2007, como lo era la reducción de
la desigualdad en el campo y el incremento a la productividad, aspectos que en
consideración de este Despacho debieron estar claramente definidos al momento
de la aprobación de los términos de referencia.
Así entonces, el acusado RODOLFO CAMPO SOTO, incurrió en falta disciplinaria,
al afectar sin justificación alguna el deber funcional, convirtiéndose su conducta en
antijurídica, por contrariar el ordenamiento, al trasgredir las disposiciones
anteriormente referidas.
4.5.1.6. De la naturaleza de la falta y su culpabilidad
En cuanto a la calificación de la falta, igualmente se mantendrá como gravísima,
conforme lo dispone el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, toda vez
que el implicado participó en la actividad contractual cuestionada con violación de
los principios de transparencia y responsabilidad, reflejada en la aprobación de
unos términos de referencia con ausencia de reglas claras, justas y completas,
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