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celebrados para la ejecución de un programa de gobierno que implicaba la entrega
de cuantiosas sumas de dinero.
Frente al tema de la delegación y la responsabilidad disciplinaria que pueda
derivar de ella, la Procuraduría General de la Nación ha sido constante en
sostener, en consonancia con lo que se ha venido exponiendo, que el funcionario
delegado responde por sus actos y el delegante por su control, que genera un
vínculo inescindible de solidaridad entre uno y otro tan intenso, que obliga
inclusive cuando se trata de desconcentración de funciones.
El delegante tiene que estar permanente y constantemente pendiente del control
del delegado, quien actúa bajo las orientaciones generales que le indique el titular
de la función, de modo que las transgresiones cometidas por los delegados se le
imputan al delegante por comisión por omisión. En resumen, del control que debe
ejercer el delegante sobre el ejercicio de tal facultad por el delegatario, puede
conllevar a que exista responsabilidad de sus actos en cabeza del delegatario y
omisión por su control en cabeza del delegante.
Las pruebas obtenidas a lo largo del proceso disciplinario dan cuenta de las
omisiones de los deberes que le correspondían a la señora Sánchez Ríos como
delegante, teniendo en cuenta que la funcionaria Gisela Torres, delegataria de las
funciones de interventoría presupuestal y financiera en los convenios ya
mencionados, no ejerció en debida forma el control y supervisión de su desarrollo
y ejecución. Así, en el caso del convenio 055 de 2008, no sugirió al Comité
Administrativo, la revisión del plan operativo, en cuanto a la recomposición de los
rubros de gastos, conllevando la mala clasificación dada a los gastos de
administración y operación del convenio, en conjunto con los gastos de
administración y operación de todo el programa, que no reflejaron las cifras reales
de dichos gastos.
No existe dentro del plenario prueba que indique que el comité interventor haya
adelantado las actividades necesarias para determinar y verificar el buen uso,
manejo e inversión de los recursos, ni practicado las visitas que considerara
necesarias para dichos fines. Tampoco se desprende del contenido de los
formatos y actas de informe de interventoría, que se haya cumplido con esa
obligación, pues, en ellos se hace constar los recursos desembolsados y el
porcentaje de cumplimiento del convenio, limitándose a consignar las cifras
reportadas por el IICA, sin verificar el buen manejo e inversión de los recursos
públicos, ni garantizar que el avance técnico, correspondiera con el financiero, tal
y como lo contemplan los manuales de interventoría.
En cuanto tiene que ver con el convenio 037 de 2007, la delegataria reportó el
valor y el porcentaje de ejecución de los recursos, concluyendo que se venía
desarrollando, según lo previsto en el plan operativo, sin efectuar un análisis de
los gastos y de los saldos pendientes por ejecutar. Todo ello sin que lo advirtiera la
disciplinada, quien debía estar pendiente y al tanto de la función interventora
desarrollada por Gisela Torres Arenas. Si, como lo afirma la defensa, la delegante
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