FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

delegado en una de sus subalternas, calificando este hecho como falta
disciplinaria de conformidad con lo señalado en los artículos 23 y 42 del Código
Disciplinario Único. Igualmente, se señala en el auto de cargos que tal actuación
impidió que se aseguraran los objetivos y finalidades perseguidos con los
convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 037 de 2009, para garantizar el buen uso,
manejo e inversión de los dineros públicos destinados para tal fin, con lo que se
determina que tal comportamiento permitió el desconocimiento de los principios de
rigen la función pública, denotando así la presencia de ilicitud sustancial en la
conducta.
Por otro lado asume el despacho que las funciones de vigilancia y control en el
aspecto financiero de los convenios mencionados le fue otorgada a la funcionaria
Sánchez Ríos en razón a su cargo de Directora de Planeación y Seguimiento
Presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y tales funciones
devienen del mismo texto de los convenios. El fin específico de ello es garantizar
que los cuantiosos recursos destinados al cumplimiento de tales acuerdos se
apliquen en debida forma, no solamente en cuanto a que se respeten los topes y
rubros en los que deben emplearse, sino también en cuanto su utilización permita
la obtención de las finalidades y objetivos que dieron lugar a la suscripción de los
convenios. El señalamiento de quién hará la interventoría, sobre qué aspectos y
cuáles son sus funciones precisas, en estos y en cualquier otro contrato celebrado
por los organismos estatales, resulta de la aplicación del principio de
responsabilidad contenido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, según el cual los
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
No sin antes terminar, se considera que no puede aceptarse la argumentación
presentada por la defensa con ocasión del escrito de descargos, en el sentido de
que por referirse los convenios a la entrega de los apoyos o incentivos que hacían
parte del programa Agro Ingreso Seguro, su interventoría se rige por normas
legales regulatorias de la función administrativa y no contractual, añadiendo a ello
que no es usual hacer interventoría al mero y simple ejercicio de función
administrativa y a la ejecución de presupuesto. Esta última afirmación carece de
cualquier sustento racional, como quiera que la interventoría no solamente era
obligatoria por virtud del principio de responsabilidad mencionado (no puede
perderse de vista que se trata, al fin y al cabo de contratos estatales), sino que era
además necesaria, al punto que fue perfectamente delimitada en el mismo texto
de los convenios: ¿qué sentido tendría entonces conformar un Comité de
Interventoría, si cómo lo afirma en su escrito la disciplinada, las características de
los convenios hacían innecesario ejercerla?
Pero más importante que lo anterior, es la afirmación según la cual el Comité de
Interventoría carecía de cualquier elemento de juicio sobre presuntas actuaciones
indebidas o irregulares de los proponentes y tampoco conocía información que
impusiera como motivo el deber de estudiar e informarse acerca de algún hecho
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