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Así las cosas, es incuestionable la obligatoriedad de los estudios previos de
conveniencia, oportunidad o justificación sobre la necesidad del objeto a contratar,
como requisito exigido en los numerales 7 11 y 12 12 del artículo 25 de la ley 80 de
1993, en concordancia con el artículo 8 13 del decreto 2170 de 2002.
El servidor público deberá siempre, además de contar con los recursos
presupuestales, hacer los estudios referentes a los precios del mercado, la
conveniencia o justificación, determinar qué personas naturales o jurídicas pueden
ejecutar el objeto contractual, etc., todo con el fin de agotar los pasos propios del
principio de economía, en el ámbito específico de la planeación contractual.
Por eso, en la contratación pública los principales esfuerzos deben estar dirigidos
hacia los estudios previos, pues es a partir allí que se establecen el objeto y las
obligaciones contractuales entre las partes, de allí su importancia, razón por la
cual las entidades públicas están en la obligación de apoyar con empeño esta
gestión.
En relación con la obligación de acatar las exigencias del principio de planeación,
en particular, la de realizar los estudios previos exigidos por la ley, la doctrina
autorizada ha expuesto lo siguiente:
«El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación expresa de
escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige estudios,
proyectos, diseños y demás análisis necesarios para el correcto planteamiento de
la necesidad de la Administración al momento de dar a conocer a los particulares u
otras entidades estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se
tenga toda la información como si la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del
contrato estatal; todo esto porque no solo se compromete el buen funcionamiento
de la Administración, sino que además se ve implicado el patrimonio público, y en
últimas la consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo
por medio de la contratación pública.
[…] el análisis de oportunidad y conveniencia de la celebración del contrato […]
implica todo un juicio de valoración por quien ejerce funciones administrativas para
que los actos administrativos sean realmente beneficiosos y acordes con los
intereses generales. […] Por ello, se hace necesaria una evaluación previa de la
11 La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
12 Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia.
13 De los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los
estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar
de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información:
1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a
un proyecto, estudio, diseño o prediseño.
3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo.
4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.
5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser
amparados por el contratista.
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