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No hay duda que las competencias relativas a la contratación estatal, responden a
la naturaleza de competencias regladas y que en este caso, las funciones
delegadas que se originan en dicha contratación, deben igualmente estar en
consonancia con la observancia de los principios y funciones administrativas, pues
los deberes de control, llegan incluso hasta la acción de avocar o revocar lo
decidido por el delegatario para impedir o resarcir las violaciones al ordenamiento
jurídico, que se consoliden con las funciones delegadas. 560
Ese hecho es corroborado por la propia Procuraduría, quien sobre dicho tema
sostuvo:
«Precisamente, en representación del citado ente, le corresponde actuar en ese
campo de la actividad administrativa, ejerciendo una serie de actividades en las
diferentes etapas de la actividad contractual, las cuales son de su competencia y
en consecuencia, comprometen su responsabilidad, sin que como se pretende,
pueda válidamente escudarse en la confianza que le merece el desempeño de sus
subalternos, para actuar con ligereza e inobservar el alcance de su ejercicio
competencial, pues se halla obligado, no solo por su deber de vigilancia y
seguimiento, sino por el ejercicio de la representación jurídica del ente territorial
que, por mandato legal, le corresponde la acometida y mantenimiento de las vías
en el país». 561
Respecto de la institución de la delegación y sus efectos, es pertinente señalar el
pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-372 del 15 de mayo de
2002:
“1) El vínculo delegante -delegatario. Al delegar se establece un vínculo funcional
especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las
atribuciones delegadas. Es especial en cuanto surge a partir del acto de
delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o funcional que exista
entre ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras rija el acto
de delegación. En virtud de tal vinculación, el delegante conserva y ejerce la
facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y
para revocar el acto de delegación (C.P., art. 211). Estas particularidades se
desprenden del principio de unidad de acción administrativa, de la aplicación
de los principios de la función administrativa a que hace referencia el artículo
209 de la Carta y del deber de dirección, instrucción y orientación que
corresponde al jefe de la entidad u organismo estatal...”.
La delegación, como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, supone trazar
instrucciones, políticas y orientaciones en el cotidiano ejercicio de la función
delegada; función que MARIO SOTO ANGEL, como director de comercio y
financiamiento y delegatario de las funciones de interventoría no realizó.
560 Apartes del fallo del 23 de agosto de 2006 Expediente 165-109015-2004 PGN – Delegación
561 Apartes del fallo del 23 de agosto de 2006 Expediente 165-109015-2004 PGN – Delegación
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