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señalamiento de quién hará la interventoría, sobre qué aspectos y cuáles son sus
funciones precisas, en estos y en cualquier otro contrato celebrado por los
organismos estatales, resulta de la aplicación del principio de responsabilidad
contenido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, según el cual los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato.
Por ello, no puede aceptarse la argumentación presentada por la defensa con
ocasión del escrito de descargos, en el sentido de que por referirse los convenios
a la entrega de los apoyos o incentivos que hacían parte del programa Agro
Ingreso Seguro, su interventoría se rige por normas legales regulatorias de la
función administrativa y no contractual, añadiendo a ello que no es usual hacer
interventoría al mero y simple ejercicio de función administrativa y a la ejecución
de presupuesto. Esta última afirmación carece de cualquier sustento racional,
como quiera que la interventoría no solamente era obligatoria por virtud del
principio de responsabilidad mencionado (no puede perderse de vista que se trata,
al fin y al cabo de contratos estatales), sino que era además necesaria, al punto
que fue perfectamente delimitada en el mismo texto de los convenios: ¿qué
sentido tendría entonces conformar un Comité de Interventoría, si cómo lo afirma
en su escrito la disciplinada, las características de los convenios hacían
innecesario ejercerla?
Pero más importante que lo anterior, es la afirmación según la cual el Comité de
Interventoría carecía de cualquier elemento de juicio sobre presuntas actuaciones
indebidas o irregulares de los proponentes y tampoco conocía información que
impusiera como motivo el deber de estudiar e informarse acerca de algún hecho
anómalo o ilícito del Ministerio o del IICA, por tratarse de organismos
―respetables‖. No puede el Despacho menos que rechazar tan peregrina tesis,
según la cual las funciones propias de una interventoría solamente se ejercen en
la medida en que la entidad o los funcionarios frente a los cuales se realiza
ofrezcan motivos de duda o de sospecha en sus actuaciones. Basado en ello,
ningún seguimiento o acompañamiento sería necesario en los procesos
contractuales adelantados por las entidades estatales, en cuanto el principio de la
buena fe contenido en las disposiciones constitucionales lo impediría. Una
afirmación semejante a la planteada por la disciplinada simplemente reafirma el
cargo formulado, al concluirse que, como ni el Ministerio de Agricultura ni el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura le ofrecían sospecha
alguna, simplemente podía desentenderse de la función delegada en la
funcionaria Gisela Torres Arenas.
Por otro lado, en cuanto a la forma en que debe entenderse el término previsto en
el parágrafo del artículo 6º de la ley 1133 de 2007, es claro que allí la norma habla
de ―vigencia‖, término que hace referencia al período fiscal, por lo que debe
acudirse a las normas del estatuto orgánico de presupuesto según las cuales, el
año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
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