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del contrato o del convenio en este caso, no le sería dable alegar o solicitar que la
entidad los asuma y cubra los sobrecostos que se hayan podido generar.
De ahí que la estipulación de garantías no puede ser bajo ninguna manera
entendida como un análisis de riesgo y menos pensarse que con ello se estaría
dando cumplimiento al requisito fijado en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto
2170 de 2002.
Por todo lo anterior, se concluye que al Ministerio le correspondía elaborar
estudios previos para la celebración del convenio 003 de 2008, independiente de
la modalidad de selección escogida, pues precisamente en ellos, se analizaba y
definía este aspecto, así como también le correspondía elaborar pliego de
condiciones o términos de referencia, independientemente que la modalidad
escogida para la celebración del convenio en comento, fuera por licitación pública
o por contratación directa. No pudiéndose aceptar como estudios previos, un
documento de justificación de la contratación y unos términos de referencia sin
fecha, que son deficientes al no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el
legislador en el numeral 8 del decreto 2170 de 2002, respecto del contenido de los
estudios previos.
Respecto de las pruebas practicadas luego de descargos, tenemos lo siguiente:
En cuanto a la testimonios recogidos, que es necesario que la mayoría de ellos
están involucrados por los mismos hechos en diferentes procesos no solo de
carácter disciplinario, sino también penal y fiscal, por tanto, si bien concurrieron en
calidad de testigos ante este proceso, tenían un interés en el resultado de la
diligencia y de la investigación misma, concurriendo en ellos circunstancias
especiales que afectan la confiabilidad, imparcialidad, credibilidad y por ende no
dan la certeza necesaria para considerar sus testimonios como fiables, sino que
de su valoración y elementos de juicio de acuerdo con la sana crítica, basada en la
lógica, la experiencia, las normas de procedimiento y su confrontación con los
otros medios de prueba allegados al expediente, nos llevan a tenerlos como
testigos sospechosos y en ese orden no darles mucha credibilidad.
La experiencia demuestra que cuando de las resultas de un proceso, el testigo
puede derivar provecho o perjuicio al verse involucrado, lo normal es que no sea
sincero y veraz en su dicho, para alejar estas posibilidades y evitar así que se
descarguen responsabilidades en él, entonces con tales fines, es posible que
desfigure el relato de los hechos, circunstancias que le restarían credibilidad al
testimonio.
El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil dice que «son sospechosas para
declarar las personas que en concepto del juez, se encuentran en circunstancias
que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas».
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