FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

exige el artículo 5° del Código Disciplinario Único como presupuesto de
antijuridicidad para imputar todas las faltas achacadas a un investigado por el
operador disciplinario.
Concluye su escrito de alegatos el apoderado de la señora Sánchez Ríos,
argumentando que no hay culpa gravísima alguna en la conducta de su cliente,
porque la desatención elemental por la cual quiere responsabilizársela jamás tuvo
lugar. La culpa gravísima, como modalidad de la culpabilidad, gravita alrededor de
aquel conjunto de reglas de obligatorio cumplimiento que, en el caso concreto, le
son exigibles al funcionario disciplinado al tiempo de incurrir en la falta y en la
consecuente responsabilidad disciplinaria. En el caso específico de la desatención
elemental, el sujeto pasivo de la acción disciplinaria desoye las directrices para
desempeñar ciertas labores significativas o trascendentes y crea un riesgo no
permitido por el ordenamiento jurídico que, por tanto, da lugar al reproche. En este
sentido, al estudiar las conductas asumidas por la señora Sánchez Ríos respecto
de la vigilancia y seguimiento de las funciones de interventoría delegadas en la
doctora Torres Arenas, no observa el apoderado, de un lado, que se haya obviado
atender las normas legales, reglamentarias y contractuales que le imponían
deberes concretos y vinculantes frente a la interventoría de los convenios
aludidos; ni de otro, que se haya producido alguna vicisitud grave y sistemática en
la ejecución de los referidos convenios por el ejercicio de las funciones de
interventoría, de parte de la delegataria, en las mencionadas condiciones, ni
mucho menos, un detrimento patrimonial al Estado, como resultados que los
deberes funcionales de la referida interventoría perseguían evitar.
Para el Despacho, asiste razón al apoderado cuando afirma que la
responsabilidad de la disciplinada por el acto de delegación gira en torno a los
deberes de informarse del desarrollo de la misma, impartir orientaciones generales
sobre su ejercicio, reasumir la competencia cuando sea necesario y revisar o
revocar los actos expedidos por el delegatario. Es por eso que el cargo endilgado
a la señora Alba Sánchez Ríos está referido a la omisión en el cumplimiento de los
deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento que le correspondían,
derivadas del acto de delegación ejercido en la funcionaria Gisela del Carmen
Torres Arenas, frente a la cual su conducta omisiva es fuente de responsabilidad.
En momento alguno se ha pretendido enrostrar responsabilidad a la disciplinada
por no haber adelantado directamente las actividades que se echan de menos
frente a los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 037 de 2009. Por el contrario, la
responsabilidad que se le atribuye es por desconocer las funciones que le eran
exigibles al haber delegado la interventoría que debía ejercer en razón a las
funciones propias de su cargo, según el texto de los convenios mencionados. Es
este comportamiento omisivo el que facilitó que su subalterna no realizara debida
y oportunamente las funciones delegadas de acuerdo con los manuales de
interventoría del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es justamente la falta
de atención y vigilancia que le correspondía ejercer frente a su subalterna lo que
da lugar a la formulación del cargo.
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