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tampoco resultan de recibo las afirmaciones del apoderado, quien en procura de
exculpar las actuaciones del disciplinado, afirmó que pasado los cuatro meses
establecidos para la liquidación del convenio, el comité interventor ya no tenía
deberes específicos, dando a entender que las actuaciones que se llevaron a cabo
con posterioridad, no encajaban dentro de los deberes del implicado; ello, en
razón a que si bien es cierto que el término previsto para la liquidación del
convenio había transcurrido, esa circunstancia en manera alguna implicaba la
desaparición del comité interventor, pues dicha figura estaba instituida como una
herramienta para garantizar las metas contractuales y el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, cuyo alcance iba desde la legalización del contrato
hasta cuando se concluyera el acto de liquidación, como claramente lo señala el
Manual de interventoría adoptado por el Ministerio.
En ese entendido, el comité interventor, subsiste, hasta tanto no se culmine con
todas y cada una de las obligaciones establecidas el propio convenio como en el
manual de interventoría del Ministerio, en donde se la liquidación es el acto último
y final; lo que significa, que la función de la interventoría como tal así como los
órganos que la conforman continúa hasta tanto no se concluya el respectivo
negocio jurídico. De otra parte, es preciso resaltar que si bien el acta de
liquidación del convenio 03 de 2007 debía ser firmada por el Secretario General
del Ministerio, esta es una función distinta a la de elaboración y tramitación del
acta correspondiente, la cual se encontraba en cabeza del comité interventor, y
por ende del disciplinado.
Se tiene entonces que una de las obligaciones del Dr. JUAN DAVID CASTAÑO
ALZATE como miembro del comité interventor del convenio 03 de 2007 era
elaborar el acta de liquidación del convenio y otorgarle su visto bueno antes de la
firma de las partes; obligación que no se llevó acabo con la mayor diligencia, ya
que el término inicialmente pactado y luego de su incumplimiento, el que se repite-
no era atribuible al implicado- , por decisión del comité interventor, se prolongó a
un tiempo prudencial, siempre que no sobrepasara los dos años, es decir, que
dicho lapso quedo al arbitrio de las partes siempre el que si bien no debía
sobrepasar el límite fijado las actuaciones durante dicho lapso fueron pocas; pues
el IICA a pesar de las advertencias continuo incumpliendo sus obligaciones, al
punto que valga la pena señalar, hasta el primer trimestre del presente año, no se
había realizado aún la correspondiente liquidación del convenio.
En este caso, si bien es cierto que el comité interventor se tomo un tiempo para
analizar la información suministrada por el IICA para llevar a cabo la elaboración
del acta de liquidación, y dio la orden para que se le comunicara el envío del
informe final, no existe dentro del expediente constancia de las actuaciones
llevadas a cabo para hacer cumplir dicha orden. Es decir, no se evidencia una
actuación tendiente a llevar a cabo las obligaciones expresamente consignadas en
el manual de interventoria, lo cual se constató a través de las visitas e
inspecciones a los documentos obrantes en las carpetas contentivas del
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