FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Ahora bien, el Gobierno Nacional expidió en Decreto 2170 de 2002, el cual si bien
ya se encuentra derogado, alcanzó a regir los convenios 003 de 2007 y 055 de
2008 […]
Pero posteriormente la ley 1150 de 2007 modificó el citado artículo, reiterando la
misma causal de contratación directa, cuando en su literal e) numeral 4, artículo 2,
señala: "e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas
Así mismo, el Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007,
en su artículo 80 señala los requisitos exigidos a esta clase de contratos de
actividades científicas y tecnológicas, así:
"Artículo 80. Contratos para el desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas. En la contratación directa para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, se tendrá en
cuenta la definición que de tales se tiene en el Decreto-ley 591 de
1991, y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o
deroguen. En todo caso, en el acto administrativo que dé inicio al
proceso, la entidad justificará la contratación que se pretenda realizar
en aplicación de esta causal."
[…] el Ministerio siempre tuvo absoluta claridad sobre la aplicabilidad de la figura
de la contratación directa por tratarse de proyectos de ciencia y tecnología y por
ende dio cumplimiento a la normatividad que rige la materia.
Sin embargo, la conducta del Ministerio fue más allá, pues además cumplió con los
requisitos de la etapa precontractual establecidos por el Estatuto contractual y aun
cuando la norma de ciencia y tecnología no exige la elaboración de estudios
previos que anteceden la celebración de convenios que impliquen actividades
científicas y tecnológicas, el Ministerio estimó pertinente efectuar un ejercicio
previo, que determinara los elementos técnicos que denotaran de manera
clara la existencia de las normas de ciencia y tecnología.
Por consiguiente, en cada uno de los convenios celebrados, 03 de 2007, 055 de
2008, 052 y 037 de 2009, se elaboraron los estudios de conveniencia y de
oportunidad, junto con las justificaciones y términos de referencia en los cuales se
sustentaron cada uno de los convenios celebrados, en atención al principio de
responsabilidad que debe observarse en la contratación estatal.
Sobre el particular, el análisis efectuado concluyó que así exista un
régimen especial de contratación, a estos procesos contractuales era
conveniente aplicarles los principios generales de la Ley 80 de 1993, a saber:
selección objetiva, transparencia, economía y ecuación contractual. Por lo tanto,
se cumplió a cabalidad con el mencionado principio de responsabilidad, que debe
observar la administración pública en su actuación.
[…]
Sin duda alguna, el manual de contratación recoge toda la normatividad de
la Ley 80 y sus decretos reglamentarios para la adquisición de bienes y
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