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Según se observa, en los dos declarantes, concurre la circunstancia consistente
en que tienen interés en que no se vea comprometida su responsabilidad como
servidores públicos, frente a los deberes funcionales que les correspondía como
Jefes de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, por las declaraciones que
iban a rendir ante la Procuraduría y en ese sentido debían cuidarse de efectuar
señalamientos que los pudieran inculpar disciplinariamente.
El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil dice que «son sospechosas para
declarar las personas que en concepto del juez, se encuentran en circunstancias
que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas».
A su vez la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, MP. Dr. José
María Esguerra Samper, Sentencia de 12 de febrero de 1980, Tomo
Jurisprudencia: Sentencia No. 15, dijo al respecto lo siguiente: «La ley no impide
que se reciba la declaración de un testigo sospechoso pero la razón y la crítica del
testimonio aconsejan que se la aprecie con mayor severidad, que al valorarla se
someta a un tamiz más denso que aquél por el que deben pasar las declaraciones
de personas libres de sospecha».
De otra parte, resulta contradictoria la posición del propio Ministerio en relación
con la exigencia de los estudios previos, toda vez que, mientras el jefe de la oficina
jurídica para el año 2008, JULIO CESAR DAZA, enfatiza en la obligatoriedad de
los estudios, en los contratos y convenios que celebre el Ministerio, cuando se
haga uso de las causales de contratación directa, el otrora también jefe de la
oficina jurídica OSKAR SCHROEDER, señala en su declaración, que por ser
contratos de ciencia y tecnología, que constituye una de las causales de
contratación directa, no era necesario dichos estudios.
No obstante la aparente contradicción entre una y otra posición, el contenido de la
previsión legal, es la que debe atender el Despacho al momento de proferir
cualquier decisión, y si bien es cierto que el decreto 393 de 1991, señala que
dichos convenios se someten a las normas del derecho privado, ello no significa
que para los mismos no se requiera de estudios previos, toda vez que, a los
convenios especiales de cooperación científica y tecnológica, le son igualmente
aplicables las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, norma que es
posterior a los decretos referenciados.
Entonces, no es cierta la tesis expuesta por los declarantes cuando afirman que
dichos convenios especiales de cooperación, no requerían de estudios previos.
Ello, por cuanto que, con la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, se
introdujeron nuevas reglas que modificaron parte del régimen especial previsto en
los decretos 393 y 591 de 1991.
Así las cosas, no debe perderse de vista que la ley 80 de 1993, derogó
expresamente algunos artículos del decreto ley 591 de 1991, pero no lo hizo
respecto de otras de sus disposiciones. No obstante, a pesar de no referir nada
sobre su integra y total insubsistencia, debe entenderse que tal derogatoria
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