FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Afirma el libelista que al Comité de Interventoría no le asistían motivos para dudar
de la legalidad de lo establecido en la ley, en los términos de referencia, en el plan
operativo, en el texto mismo de los convenios y en la contratación de interventoría
por el IICA, como tampoco para dudar de la gestión del IICA, o de la violación de
sus Estatutos, filosofía, objetivos y misión, mucho menos tendría el Comité que
considerar lo que se descubrió tiempo después respecto de las falencias que se
originaron en la Ley en cuanto que el programa estaba dirigido a ―productores‖ y
no a propietarios, situación que se utilizó presuntamente de manera indebida por
unos pocos para realizar un fraude a la ley.
Para la defensa, el Comité de Interventoría carecía de cualquier elemento de juicio
sobre presuntas actuaciones indebidas o irregulares de los proponentes y
tampoco conocía información que impusiera como motivo el deber de estudiar, de
informarse acerca de algún hecho anómalo o ilícito porque el principio de
confianza y de la presunción de buena fe en las estructuras organizacionales
como el MADR y ante todo un organismo internacional tan respetable como el
IICA, así como lo mandado en la Ley 1133 de 2007, los términos de referencia, el
Plan Operativo aprobado, los Decretos 393 y 591 de 1991, aplicados por el MADR
y acogidos por el IICA, no daban fundamento al temor de estar ante alguna
falencia técnica, financiera o jurídica. Por ello, considera que la interventoría como
se plantea en los cargos no fue la concebida por el MADR ni la comprendida por el
Comité de Interventoría, porque es física, funcional y técnicamente imposible
hacerla por un Comité de Interventoría integrado sólo por los Directores de
Desarrollo Rural y de Planeación y Seguimiento Presupuestal del MADR, dados
los términos del conocimiento y de la especialidad de la disciplinada sobre temas
eminentemente técnicos. Amén que se estaba inicialmente ante el apoyo de una
función administrativa y luego por una asignación de competencia funcional por
delegación de funciones en el espacio de la denominada descentralización por
colaboración.
Para el apoderado, no se concibió dentro del MADR, ni en la Ley, ni en los
términos de referencia, ni en el Plan Operativo, ni en las funciones asignadas al
Comité de Interventoría tener que cumplir tareas específicas y en grupo con las
interventorías contratadas por el IICA, porque de haber sido así no sólo en el
aspecto financiero la Directora de Desarrollo y Seguimiento Presupuestal y la
Profesional delegada para estos fines se habrían encontrado ante unos asuntos
que habrían desbordado toda posibilidad humana y profesional, sino también
tendrían que haberse desprendido y en forma absoluta de todo encargo laboral
distinto a hacer la interventoría del programa, pero acompañándose de un gran
número de personas que pudieran simultáneamente hacer la tarea en cada uno de
los campos de ejecución, en los estudios, seguimientos, evaluaciones, selección
de beneficiarios, visitas de campo, revisión de las propuestas de cada proponente,
y, también, hacer control a cada una de las interventorías contratadas.
En este sentido, la defensa considera que tal como se concibieron por el legislador
los estimativos sobre los recursos del presupuesto asignados a gastos
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