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algunas de las disposiciones contenidas en los pliegos de condiciones, y otra muy
distinta el que los proponentes cumplan o no con los requisitos exigidos.
Ciertamente expone el abogado consultor, que se trata de un concepto jurídico
que debe estarse a lo señalado por el comité evaluador en los aspectos técnicos y
a la verificación y acreditación por parte de cada uno de los proponentes de los
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones; universo que en sentir del
Despacho debe ser interpretado de manera conjunta.
Es así, que el análisis del cumplimiento de los requisitos y los criterios de
evaluación, así como la ponderación y la calificación de las propuestas,
correspondía a la entidad u organismo que adelantaba el proceso licitatorio, sin
que aspectos como los que se señalan en el referido concepto, evidencien fallas
de la licitación de difícil subsanación, tal como lo afirma el apoderado, dado que
unas respuestas le eran favorables a los proponentes, en tanto que otras eran
desfavorables o dependían de aspectos meramente técnicos que debían ser
evaluados por la entidad, junto con las demás reglas contenidas en los pliegos de
condiciones, las cuales eran de obligatorio cumplimiento, tanto para el IICA como
para los participantes en el proceso; es decir, que no podemos hablar de fallas del
proceso, a través de un concepto en el que apenas se tocan unos pocos ítems y
temas del pliego de condiciones, para a partir de este, colegir las presuntas fallas
del proceso; tampoco realiza el apoderado un análisis de la prueba aportada,
para indicar cuales fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta del citado
concepto, para declarar desierta la licitación, y si dicha declaratoria obedeció a
presuntas fallas del proceso o al hecho de que los proponentes no reunían los
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones; circunstancia que es distinta a
las fallas del proceso en sí mismo considerado.
En cuanto a la afirmación de que el acto que declara desierta la licitación pública
No. AIS-IICA001-2009 demostraba que el seguimiento a la licitación no
correspondía directamente a la Dirección de Comercio y Financiamiento, no realiza
el apoderado ninguna consideración ni explicación a tal aseveración. En efecto,
no señaló cual es la razón por la cual considera que el comité administrativo era
ajeno a las labores que desempeñaba el IICA, limitándose solamente a aportar el
citado documento. No obstante para el despacho, contrario a lo que afirma la
defensa, considera que el comité administrativo, tenía la obligación, según se
desprende del propio convenio y del Manual de Interventoría del Ministerio, no solo
de revisar el avance del respectivo convenio y tomar las medidas orientadas su
adecuada ejecución, sino también las actividades que venían siendo desarrolladas
por el IICA con ocasión del mismo, y a quien el comité administrativo había
autorizado para contratar la empresa que realizaría la socialización y divulgación
del programa.
4.7.3.2.2 En cuanto al testimonio solicitado de Julián Alfredo Gómez, dijo el
apoderado que el mismo servía para ilustrar al Despacho sobre el permanente
seguimiento del convenio por parte del Dr. Soto Ángel, tanto en el comité
administrativo como en el comité de Directores llevadas a cabo por el Viceministro,
manifestando además que las decisiones del Comité no se tomaban de manera
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