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talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de
calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a
incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base
tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías
nacionales o extranjeras.
6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional.”.
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es aplicable a
los contratos que la Nación y sus entidades descentralizadas celebren para el
desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología en aquellos aspectos no
regulados expresamente en los artículos 2, 8, 9, 17 y 19 del Decreto ley 591 de
1991 y en el Decreto ley 393 de 1991. En relación con lo anterior, es relevante el
hecho de que el Consejo de Estado, en auto del 20 de agosto de 1998
manifestó 56 :
“4.1.3. A juicio de la Sala es preciso reconocer que en las diversas regulaciones
normativas sobre contratación de la administración pública, es posible identificar dos
grandes categorías de actos contractuales:
1ª Contratos estatales, propiamente dichos, que son aquellos que celebran las
entidades públicas a que se refiere la ley 80 de 1993, y que por ende se regulan
íntegramente por el régimen establecido en esta ley. Por regla general, adquieren este
carácter en razón del ente público contratante, es decir, se definen desde el punto de vista
orgánico. Las controversias que se deriven de este tipo de contratos y de los procesos de
ejecución o cumplimiento serán de conocimiento de la jurisdicción contenciosa
administrativa.
2ª Contratos especiales sujetos a un régimen legal propio. Por regla general, el
juez a quien compete conocer de sus controversias es el juez administrativo, en razón de
que su celebración y ejecución constituye una actividad reglada, es decir, es el ejercicio
pleno de una función administrativa, de conformidad con el art. 82 del C.C.A. antes
referido.
De lo anterior, es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos
estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que
celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1993, sino que habría que
reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada
categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las
entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de
Contratación Administrativa o que estén sujetos a régimenes especiales. De tal manera,
es dable hablar genéricamente de dos tipos de contratos:
1º Contratos estatales regidos por la ley 80 de 1993.
56 CEC, Sección Tercera, Auto del 20 de agosto de 1998, radicado 1402,
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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