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determinada de manera previa a la aprobación de los denominados ―Términos de
Referencia‖. Para probarlo, basta con leer el artículo 1° de la parte resolutiva de la
Resolución 05/08, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 1 CONVOCATORIA
PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE. Por medio de la presente resolución se
dispone la realización, dentro del marco del Convenio de Cooperación Científica y
Tecnológica a suscribir entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura IICÁ, de una Convocatoria Pública de Riego
y Drenaje, con el propósito de promover un incremento en la productividad y en la
competitividad del sector agropecuario, cuyo operador será el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA “. (Negrillas y
subrayado no son del original)
De otro lado, los denominados “Términos de Referencia” tan solo establecían las
indicaciones necesarias para definir el alcance y procedimiento de la convocatoria
pública por la que se seleccionarían los proyectos a cofinanciar con recursos
dispuestos por las leyes 1133 y 1152 de 2007, los requisitos, información y forma
de presentación que debían cumplir las propuestas que se presentaren para
aspirar a la cofinanciación, los requerimientos técnicos y financieros exigibles a los
proyectos que se pretendían cofinanciar, los criterios de evaluación y calificación
de los proyectos, y las condiciones de los acuerdos de financiamiento a suscribir.
Se trataba simplemente de un mecanismo abierto y transparente para asignar, en
el marco de una política pública, unos apoyos económicos y unos subsidios,
dispuestos por la ley.
Si bien es cierto que con cada uno de los adjudicatarios de los recursos de que
trató la Convocatoria Pública, se suscribieron sendos acuerdos de financiamiento,
dichos acuerdos de manera alguna pueden ser considerados como contratos
estatales, en tanto que, como bien se define en el parágrafo 1°, inciso 2°, de la Ley
1133 de 2007, „los apoyos económicos directos o incentivos no son derechos, ni
contratos...”. (Negrillas fuera de texto)
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no es posible predicar ninguna
vulneración de las reglas que desarrollan el principio de transparencia, y muchos
menos la descrita en el artículo 24.5.b, aplicable a unos presupuestos de hecho
distintos de los que aquí se analizan, en los que, por demás, no versaron sobre
ninguna de las modalidades de selección de contratista previstas en el artículo 24
de la Ley 80 de 1993, antes de ser modificada por la Ley 1150 de 2007.
Sin embargo, es preciso señalar que en lo relacionado con las condiciones
establecidas para la adjudicación de los subsidios dispuestos por la Ley 1152, que
constituyen el único ámbito de competencia del INCODER, sí se definieron reglas
objetivas, justas, claras y complejas que permitían la confección de ofrecimientos
de la misma índole, y aseguraban una escogencia objetiva. […]
Los anteriores requisitos o exigencias mínimas, y los criterios de evaluación
constituían reglas objetivas, justas, claras y completas que permitían la debida
confección de los proyectos a presentar, como candidatos a obtener los subsidios
ofrecidos, y permitían una escogencia objetiva de los mejores proyectos.
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