FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

administrativos y operacionales, se ejecutó la función por el MDAR y se
cumplieron las funciones del Comité de Interventoría. Para el caso de lo señalado
en el parágrafo del artículo 6º de la ley 1133 de 2007, el plazo del año correría
desde el 10 de abril de 2007, fecha en que se insertó o promulgó la mencionada
Ley en el Diario Oficial, hasta el 10 de abril de 2008, por lo que dicho ―año‖
comprendería en forma parcial dos vigencias, la de 2007 hasta la corrida al día 10
de abril de 2008, así entre abril 10 de 2008 y abril 10 de 2009 y desde esté día de
2009 a abril 10 de 2010, y al hacer el ejercicio con base en este mandato y esta
interpretación de la Ley, también se cumplió lo mandado en la Ley 1133 de 2007.
Sin embargo, para el apoderado debe tenerse presente que el monto total de los
costos administrativos y operativos de cada año en cualquiera de los escenarios
presentados, aún no pueden cuantificarse en su totalidad, debido a que hasta
ahora no se ha alcanzado la liquidación de todos los convenios y, en
consecuencia, no se cuenta con una cifra definitiva sobre el monto total del
presupuesto ejecutado y el monto total de los costos administrativos y operativos.
Así mismo, el Plan General de Contabilidad Pública, como lo sugiere la
Procuraduría General deviene inaplicable toda vez que los gastos administrativos
y operacionales sí fueron estudiados, definidos y aprobados en el artículo 6º de la
Ley 1133 de 2007, ordenamiento legal que necesariamente determinó las
ejecutorias del MADR, del IICA y del Comité de lnterventoría.
A su turno, indica que si se está ante unas obligaciones convencionales, unos
plazos convencionales para el cumplimiento de tales obligaciones, si se cuenta
con unos términos de referencia que establecen las etapas del cumplimiento de
las obligaciones del convenio, si se cuenta con unas reglas en cada uno de los
planes operativos, y se trata de procedimientos de selección resultantes del
ejercicio de función administrativa por ―autoridad competente‖ resultaba
innecesario y hasta inexigible que se reclamara un ―cronograma de actividades‖,
en consideración a que está clara y demostrada la existencia de una serie de
regulaciones que preveían las etapas a cumplir en orden a lograr la ejecución
plena de los convenios.
Habiéndose imputado cargos a algunos funcionarios por las presuntas falencias
en la elaboración de estudios previos porque carecerían de reglas claras, justas y
completas, tales falencias crearían un escenario que podrían dar resultados
erróneos, que probablemente se manifestarían específicamente en el posible
entorpecimiento de los procedimientos y ejecutorías, que siendo éstos los que
verificaría el Comité de Interventoría, implica que las posibles irregularidades que
se pudieran dar no fueron generadas por este Comité, a quien le estaba mandado
legalmente hacer el seguimiento y control a partir únicamente de las reglas
previstas en los términos de referencia, en las leyes y reglamentos, en los planes
operativos, en los textos de los convenios, razones o motivos más que suficientes
para aseverar que no son imputables esas omisiones y las presuntas
irregularidades y fallas a los miembros del Comité de interventoría.
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