FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Igualmente, afirma que el Programa Agro Ingreso Seguro – AIS está concebido
como la entrega de ―apoyos económicos directos o incentivos‖ y ―Apoyos para la
Competitividad‖ o ―Incentivos para la Competitividad‖, los cuales se asignan a
través de un proceso concursal y mediante el mero y simple ejercicio de funciones
administrativas (mas no contractuales), inicialmente por el Ministerio con la
colaboración del IICA (convenio 03 de 2007) y luego directamente por el IICA
mediante una licitación pública, que en verdad no es otra cosa que un concurso
para la entrega de los incentivos o apoyos, esto último ―por ministerio de la Ley‖,
en los términos consagrados en el artículo 210 de la Constitución Política. Siendo
ello así, razona el apoderado de la encartada, que la actividad administrativa que
se realiza para la entrega de los apoyos o incentivos se rige por normas legales
regulatorias de la función administrativa (desprendida de la aplicación de las
regulaciones sobre contratos y convenios), por lo que las funciones de vigilancia y
control de estas funciones son igualmente distintas a la vigilancia, control y
seguimiento de actividades contractuales o convencionales. De este modo,
concluye, no es usual hacer interventoría al mero y simple ejercicio de función
administrativa y ejecución de presupuesto y el cumplimiento de normas
presupuestales específicas y leyes especiales como las referidas al programa AIS.
Así mismo, se indica en el escrito de descargos que la Ley 1133 de 2007
establece unos nuevos y especiales marcos de competencia y de aplicación para
la ejecución de ésta, como lo es la autorización para que los recursos se
entreguen por ―decisión definitiva‖ del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
como ―autoridad competente‖ ―o de quien esta haya designado para hacer la
selección, que señale al particular como beneficiario‖ a través de ―un mecanismo
concursal para la construcción de sistemas de riego‖. Del mismo modo, se
autorizó que pudiera ser también un particular quien hiciera la selección de los
beneficiarios y por virtud del mismo mandato legal, imperativo y obligatorio, se le
facultó para ―decidir‖ con ―competencia señalada en la ley‖ al beneficiario para
asignarle los recursos. Norma legal que no ha sido objeto de reproche en su
validez constitucional, excepcionada por inconstitucional, ni la Corte Constitucional
se ha ocupado del tema.
Continúa la defensa afirmando que los términos de la ley 1133 de 2007 dan
cuenta de una delegación de funciones públicas que se hace, en el asunto en
estudio, a una entidad particular por ministerio de la ley, en lo que se denomina
por la doctrina y la jurisprudencia descentralización por colaboración. Por
disposición legal, la dinámica funcional, el espectro de competencias y ejecutorias
e interventoría de funciones administrativas del que está investido legamente el
Programa AIS es distinta al tratamiento ordinario y general de cumplimiento de la
actividad administrativa, porque las facultades atribuidas a quien tiene la facultad
de seleccionar y adjudicar los beneficios con decisión de autoridad pública, por
distribución de competencia funcional, limitan la intervención del Comité
Interventor y de ahí las explicaciones acerca de cuál era legalmente el rol que le
correspondía a la interventoría, tanto la propia del Ministerio de Agricultura como
la prevista por el IICA para el seguimiento de la ejecución específica de los
convenios.
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